Antonio Béjar, exresponsable de riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), ha manifestado este viernes en la Audiencia Nacional que la entidad bancaria contrató a la empresa Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, por decisión del exjefe de seguridad, Julio Corrochano, "con la autorización del presidente", en aquel momento Francisco González.

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En una declaración realizada a petición propia ante el juez instructor de caso Tándem, Manuel García-Castellón, Béjar se desvinculó del fichaje de Villarejo por el BBVA, que atribuyó en exclusiva a Corrochano y González.

El banco estaba interesado en averiguar el patrimonio de grandes clientes morosos como Luis Portillo (Colonial) o Fernando Martín (Martinsa), y reiteró que fue González el que le indicó que "había que trabajar con la empresa que iba a contratar Corrochano" para localizar bienes que pudieran ser reclamados en pago de las deudas contraídas. Béjar admitió que el presidente de banco nunca mencionó el nombre de Cenyt ni del excomisario Villarejo.

El exdirectivo no aportó grandes novedades pero era la primera vez que contestaba a las preguntas de los defensores, dado que sus anteriores comparecencias se produjeron cuando el procedimiento estaba bajo secreto.

La declaración tuvo una finalidad claramente autoexculpatoria. Manifestó que desconocía que Villarejo estuviera detrás de Cenyt y aseguró que se le dijo que "era un expolicía, como Corrochano", afirmación dirigida a neutralizar el delito de cohecho.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que la contratación de Villarejo se hizo a sabiendas de que se estaban comprando los servicios de un funcionario de Policía en activo, que además se valió de esa condición para sacar adelante los encargos por los que cobraba.

Pero esa tesis debe demostrarse y Antonio Béjar ha intentado desmentirla. No sólo ha negado que supiera que Villarejo era policía y dueño de Cenyt sino que ha sostenido que desconocía de qué fuentes obtenía la información.

La abogada de Portillo le ha preguntado si sabía que se hicieron seguimientos a los hijos del empresario sevillano y se tomaron fotografías de ellos. "Eso no era de mi competencia sino de Corrochano. Yo me dedicaba a valorar los informes patrimoniales que nos enviaban, y siempre rebajaba las valoraciones que Cenyt hacía de los bienes que descubrían", manifestó.

Respecto a sus declaraciones anteriores, Béjar ha suavizado el papel de otros investigados como Eduardo Arbizu, del que ha dicho que pidió que se buscara a otra agencia de detectives alternativa a Cenyt y obligó a modificar los términos del contrato pactado entre Villarejo y Corrochano.

La doctrina FG

En cambio, Béjar ha seguido atacando a González. "El presidente hablaba continuamente de su doctrina de que todo lo que se hiciera debía ser legal, ético y  publicable. No sé si le preocupaba, pero lo decía permanentemente", manifestó.

También indicó que él no tenía "ningún elemento para sospechar" de la contratación de Cenyt "porque venía autorizada por los máximos niveles de la organización".

También se desvinculó del encargo a Cenyt para que investigara quién estaba detrás de la empresa propietaria de una finca en El Escorial en cuya compra estaba interesado Francisco González.

Según Béjar, él se limitó a transmitir a Rafael Redondo, socio de Villarejo en Cenyt, la petición de Joaquín Gortari -entonces director del gabinete del presidente del banco- de "averiguar quién era el propietario de la finca porque Francisco González quería saber con quién iba a tratar, no quería tener problemas reputacionales".

El defensor de González, Jesús Santos, sorprendió a Béjar en una contradicción. El exdirectivo había manifestado que él no hizo nada, salvo transmitir el encargo de Gortari a Cenyt, porque "era un asunto particular del presidente, yo no me ocupaba de servir al presidente a título particular".

Pero el letrado puso de manifiesto que el 16 de diciembre de 2013 Béjar envió a Gortari un correo electrónico al que adjuntó una noticia de prensa sobre la implicación de uno de los dueños de la finca de El Escorial en un procedimiento penal por corrupción en Cádiz.

En ese mensaje Antonio Béjar se ofrecía, solícito, a "hacer más averiguaciones", algo contradictorio con lo que sostiene ahora en el sentido de que no hizo otra cosa que transmitir a Redondo el encargo "particular" del presidente.

En todo caso, el exdirectivo reconoció que la información que Gortari le solicitó o bien estaba en los registros oficiales públicos o bien era accesible en Internet. Y añadió que en los reportes que envió Cenyt con la información sobre la finca "no había nada irregular".