Se avecina un nuevo proceso de ajustes en Banco Santander. Y, esta vez, para todo el negocio europeo. El proceso de digitalización y la necesidad de ahorro de costes obligará a la entidad comandada por Ana Botín a cerrar oficinas y ajustar plantilla en todo su negocio europeo.

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Así lo ha confirmado el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados del banco, que ha registrado pérdidas de 9.048 millones hasta septiembre. Sin entrar a las posibles cifras de afectados, Álvarez sí ha confirmado que se llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que se sumará a más ajustes en Reino Unido, Polonia y Portugal.

En este sentido, ha querido dejar claro que, "como siempre hemos hecho en este tipo de procesos, el ajuste no será traumático y será negociado con los sindicatos", con los que el banco pretende reunirse en las próximas semanas. 

Álvarez, cuyas palabras llegan después de que el diario 'Expansión' cifrase en 3.000 el número de afectados en España, ha confirmado que el plan de ajuste, que contribuirá a una reducción de costes de unos 1.000 millones de euros adicionales para 2022 junto al proceso de digitalización, afectará a todas las areas del banco, incluido servicios centrales. "Lo que tengamos que hacer siempre lo hablaremos primero con los sindicatos", ha indicado el número dos de Ana Botín.

El directivo ha querido dejar claro que el plan implica un diálogo con los sindicatos que llevarán a cabo "como lo hemos hecho siempre, "de una forma correcta con recolocación de empleados que han resultado muy positivas en el pasado". 

En este sentido, descarta "ajustes traumáticos", siempre atendiendo a las necesidades de los empleados. 

Negociando los préstamos ICO

El consejero delegado del Santander también ha reconocido que banca y Gobierno llevan tiempo analizando la posibilidad de extender los plazos de vencimiento y de carencia de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ante la evidencia de que la crisis "va para largo" y muchas empresas no podrán hacer frente a sus compromisos a partir de mayo o abril. 

Será entonces cuando tengan que empezar a hacer frente al pago del principal de los préstamos, que se concedieron con cinco años de vencimiento y uno de carencia. Según ha indicado Álvarez, todas las partes siguen analizando la posibilidad de extenderlos para todos o solo parte de los afectados. "No tiene sentido mantener empresas que no sean viables, pero tampoco hacer inviables empresas por no estructurar bien la financiación", indica.

El consejero delegado del Santander se ha mostrado confiado en alcanzar pronto un acuerdo en este sentido, aunque reconoce que "no es un proceso fácil, pues estamos hablando de 600.000 préstamos que afectan a 600.000 pymes y autónomos". 

El directivo no ha querido pronunciarse sobre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) planteada este martes por el Gobierno español. "Al Gobierno le toca gestionar las cuentas públicas en un momento difícil, pero yo no valoro esas decisiones", se ha limitado a afirmar. 

Respecto a la extensión del estado de alarma durante 6 meses, Álvarez ha explicado que las medidas que se tomen para luchar contra la pandemia deben ser flexibles. "Hay que estar preparado para adaptarse y tomar las decisiones en la realidad del momento; establecer plazos ahora no toca", asegura.