El representante legal de CaixaBank ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional con formato telemático como querellado en una causa en la que se investigan unas operaciones que realizó el banco para adquirir BPI.

También estaba para hoy prevista la declaración del expresidente de CaixaBank y actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, así como la del holding Criteria. Sin embargo, el tiutlar del juzgado central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha retrasado estas comparecencias por problemas técnicos. Todavía no hay fecha para esa nueva citación, según informa Efe.

El representante del banco, que sí ha podido ser interrogado, ha negado algunos de los hechos que expone la querella. En concreto, ha dicho que es falso que la entidad concediera al Banco de Fomento de Angola (BFA) un préstamo de 400 millones de euros.

Además, ha recordado que CaixaBank tiene un programa de cumplimiento normativo que siempre se cumple.

La querella, que fue formulada por dos accionistas minoritarios que han actuado contra el banco sin éxito por la vía penal en otras ocasiones, fue admitida a trámite en 2018. En un primer momento, contó con un informe favorable de la Fiscalía, que después cambió su criterio y pidió el sobreseimiento.

El fiscal considera que tanto el banco español, como el luso, mejoraron su posición patrimonial y de solvencia respectivamente con esta adquisición.

Pero el juez siguió adelante para investigar la querella por presuntos delitos societarios, de abuso de mercado y administración desleal en la compra de BPI. 

Esta entidad portuguesa, en la que CaixaBank tenía una participación minoritaria desde 1995, fue objeto de una OPA por parte del banco español en 2017. La operación se saldó con éxito y la entidad de origen catalán pasó a controlar el 84,5% del capital tras desembolsar 644,5 millones de euros.

La investigación se centra en una permuta de acciones con Bank of East Asia (BEA) para poder entrar en el accionariado de BPI.

Una operación que habría supuesto un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores solo habrían reconocido un impacto negativo de 14 millones de euros. En las cuentas de 2017 se habría recogido una pérdida de 102 millones de euros por los efectos de tomar el control de BPI, según la querella.

También se investiga un préstamo que CaixaBank concedió a Banco de Fomento de Angola (BFA) por 400 millones de euros. El supuesto objeto de ese crédito, siempre según la querella, habría sido que la hija del presidente de ese país y accionista del 10% de BPI apoyase la entrada del banco español en el luso.

Este es el préstamo que el representante legal de CaixaBank ha negado en la Audiencia Nacional. 

El juez investigará estos hechos para decidir si sigue adelante con el proceso o si archiva la causa.

Mañana, martes, De la Mata seguirá con sus preguntas, en este caso al actual consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar.

En los próximos días pasarán a declarar por la Audiencia Nacional más directivos querellados por esta operación. El 1 de octubre también acudirán los responsables del informe de KPMG Forensic aportado por CaixaBank, mientras que el perito de la acusación explicará sus conclusiones un día después.