Bruselas

El Tribunal General de la UE (TJUE) ha tumbado este miércoles la sanción récord de 13.000 millones de euros -más intereses- que Bruselas impuso al gigante estadounidense Apple en 2016 por eludir el pago de los impuestos que le correspondían en Europa entre 2003 y 2014, aprovechando las ventajas fiscales ilegales que le ofrecía Irlanda

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La sentencia responde a un doble recurso presentado no sólo por la empresa de Tim Cook sino también por el propio Gobierno de Irlanda.

El Tribunal General considera que el Ejecutivo comunitario no ha demostrado que Irlanda concedió a Apple ayudas públicas ilegales. "La Comisión no ha logrado demostrar de manera jurídicamente suficiente la existencia de una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda pública" al gigante estadounidense.

El fallo pone en cuestión la cruzada emprendida por la comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, desde su llegada al cargo para perseguir la evasión fiscal de las multinacionales. Para ello utilizó de forma novedosa como palanca las reglas de la UE que prohíben las ayudas públicas. Vestager ya ha actuado contra compañías como Fiat, Starbucks o Ikea, aunque el caso de Apple es el más prominente por el volumen de la sanción.

Tras una investigación en profundidad lanzada en 2014, el Ejecutivo comunitario llegó a la conclusión de que las dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con respecto a Apple redujeron artificial y sustancialmente los impuestos pagados por la compañía en dicho país desde 1991. El resultado es que Apple apenas pagaba un tipo efectivo del 1% del impuesto de sociedades en 2003, que se redujo hasta el 0,005% en 2014, según el análisis de Bruselas.

Gracias al tratamiento fiscal favorable de Irlanda, Apple evitó pagar impuestos por la práctica totalidad de los beneficios generados por las venta de sus productos en el mercado único de la UE en su conjunto. Ello se debe a que la compañía registraba todas sus ventas en Irlanda en vez de hacerlo en los países en los que se vendieron los productos en cuestión.

"Aunque el Tribunal General lamenta la naturaleza incompleta y ocasionalmente incoherente de las resoluciones fiscales impugnadas, los defectos identificados por la Comisión no son, por sí mismos, una prueba suficiente de la existencia de una ventaja" tal y como la define el Tratado de la UE, sostiene la sentencia de este miércoles.

Nada más conocer la sanción de Bruselas, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, la tachó de "pura basura política". Por su parte, la administración de Barack Obama acusó a Vestager de excederse de sus competencias y comportarse como una "autoridad tributaria supranacional".

La sentencia todavía puede recurrirse

Una imputación que repite con frecuencia el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. "Odia a Estados Unidos más que ninguna otra persona que haya conocido", ha dicho Trump de la comisaria de Competencia, que en el actual mandato es además vicepresidenta ejecutiva y responsable de Agenda Digital.

También el Gobierno irlandés -que en realidad es el principal beneficiario de la decisión de Bruselas puesto que Apple debía pagarle los 13.000 millones de euros de sanción en concepto de impuestos atrasados- se rebeló contra la decisión de Vestager. 

Dublín siempre ha defendido que Apple ha pagado en todo momento los impuestos que le correspondían y que en ningún momento hubo ayudas públicas ni tratamiento fiscal favorable a la compañía de Tim Cook. Irlanda reprocha también al Ejecutivo comunitario que trate de cuestionar su soberanía en materia fiscal.

Tras mucho arrastrar los pies, Apple acabó reembolsando al Gobierno irlandés un total de 14.300 millones de euros en septiembre de 2018: 13.100 millones en concepto de devolución de una ayuda pública ilegal y 1.200 millones por intereses. Para entonces ya era ministro de Finanzas Paschal Donohoe, que acaba de tomar posesión como presidente del Eurogrupo tras derrotar a Nadia Calviño.

El dinero se ha depositado en una cuenta bloqueada a la espera de que se resuelvan todos los recursos pendientes. La sentencia de este miércoles del Tribunal General, primera instancia judicial en Luxemburgo, todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE en un plazo de dos meses. La solución definitiva tardará todavía años.