La empresa minera Berkeley ha anunciado el comienzo de su programa de sondeos en el área de exploración de Salamanca para comprobar la existencia de metales que se utilizan en la fabricación de baterías y otros componentes de los vehículos eléctricos.

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Esta fase inicial incluirá seis sondeos, según ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En total están previstos trece sondeos para buscar litio, cobalto, tungsteno, estaño y tierras raras.

Berkeley cuenta con una licencia de exploración de 1.200 kilómetros cuadrados en la provincia salmantina. Según la compañía, los resultados de este programa de perforaciones proporcionará información sobre las posibilidades del área.

La primera área objetivo está a 50 kilómetros al oeste del municipio de Retortillo, una zona en la que se habían encontrado previamente estaño, litio y cobalto. Además de las licencias anunciadas recientemente, la compañía se ha adjudicado una licencia en una zona de 31 kilómetros donde se había explotado litio y titanio.

La explotación y tratamiento de uranio que Berkeley proyecta desde hace ya varios años en los municipios salmantinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes ha estado rodeada de polémica desde la puesta en marcha de una instalación que será la mina a cielo abierto más grande de Europa.

Así, la Audiencia de Salamanca tiene pendiente sentenciar si dos de los concejales de Retortillo, que han vuelto a salir elegidos en los últimos comicios municipales, se han podido beneficiar personalmente de la instalación de la mina.

Además, está pendiente el contencioso administrativo que la empresa minera Berkeley presentó el pasado mes de marzo contra el Ayuntamiento de Retortillo, como consecuencia de la denegación de la licencia urbanística para la mina y planta de Retortillo.

También, falta la resolución de otro recurso contencioso por la autorización de uso excepcional en suelo rústico otorgada por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en julio de 2017, así como una licencia del Ministerio para la Transición Ecológica.

El proyecto cuenta desde hace cinco años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear.

En la zona, donde la empresa tiene ubicadas sus instalaciones, se han realizado varias excavaciones y tala de árboles, tareas previas para la explotación del uranio.