Mientras los constitucionalistas celebraban que, según el CIS catalán, el no a la independencia superaba por primera vez a sus partidarios desde el 1 de octubre de 2017, la Cámara de Comercio de Barcelona quedaba en manos de los ‘indepes’. Las candidaturas separatistas promovidas por la Asamblea Nacional Catalana y el Cercle Català de Negocios se imponían en las elecciones al plenario del organismo que representa a más de 432.000 empresas y autónomos. 

Bajo el lema ‘Cámara, herramienta de país’, las candidaturas ganadoras promueven un programa que ayude a impulsar la creación de las estructuras del Estado catalán. Para ello abogan por impulsar desde las cámaras “el compromiso para implementar la República y la soberanía fiscal”. 

Para conseguir sus objetivos aseguran que quieren apostar por un proceso que ayude a “desvincular nuestra economía de los poderes fácticos centralizados: Ibex 35 o el Palco del Bernabéu”. Por eso promoverán las marcas Cataluña y Barcelona como referentes internacionales, de modo que sólo puedan usarlas las empresas que tengan su sede y su producción en Cataluña. 

Un Ibex a la catalana

Dos breves ideas que sirven para tratar de forzar el retorno de empresas como Caixabank, Sabadell o Naturgy, si quieren seguir hablando de su identidad catalana. En caso contrario, serán ‘repudiadas’. Sobre todo las dos primeras, ya que una de las propuestas estrella de la candidatura independentista es la de “fomentar la recuperación de un sistema bancario propio, las cajas de ahorro, y un índice bursátil de valores catalanes”

En la práctica, quiere decir que se buscará la creación de alternativas a los dos grandes bancos que salieron tras el 1-O de Cataluña. Trasladaron sus sedes tras una fuga de miles de millones en depósitos, y ante la posibilidad de quedar fuera del paraguas del Banco Central Europeo si la independencia declarada durante unos segundos por Puigdemont hubiera seguido adelante

La candidatura promovida por la ANC y el Cercle Català de Negocios aboga por potenciar entidades como Caixa Guissona y la Caja de Ingenieros (famosa por ser la entidad que concedió su hipoteca a Pablo Iglesias), que son las únicas entidades de origen catalán que permanecieron en la Comunidad. 

El sistema bancario no será el único que se vea afectado. También otros sectores, como el energético o las infraestructuras, serán objeto de oposición por parte de las propuestas de la Cámara de Barcelona. Es el caso, por ejemplo, de infraestructuras clave como aeropuertos, trenes, energía o telecomunicaciones. 

“Rediseñar un sistema de infraestructuras clave”, dice el programa, que ayude a reducir la influencia de “las prácticas oligopolísticas, posiciones de dominio y abuso de mercado de las grandes corporaciones”. También se apoyará la mejora de Rodalíes (Cercanías) y del sistema ferroviario como “factor aglutinador” de una Cataluña estatalizada. 

Y es que para la candidatura independentista, la Cámara debe apostar por apoyar al tejido empresarial catalán, pero también debe tratar de “fomentar” el cooperativismo y políticas de ocupación y emprendeduría en el marco de “una economía sostenible y de valores. 

Así quedará el plenario

¿Podrán llevar a cabo sus propuestas? Ahí está el quid de la cuestión. Ocuparán 30 de los 60 puestos del plenario de la Cámara. Del resto, 10 quedarán en manos de otras candidaturas elegidas la pasada semana; otros 14 son designados entre las empresas que más dinero aportan las cámaras y los seis restantes se eligen a propuesta de organizaciones empresariales. 

Es por ello que otra de las propuestas de la candidatura independentista es acabar con los asientos que eligen las empresas con mayor aportación económica. Eso significa que quiere acabar con los asientos que ocuparán Abertis, Banco Mediolanum, Banco Sabadell, Caixabank, Criteria, Deloitte, Indra, Magma Disseny, Naturgy, PwC, Promotora Kasde, Racc, Damm y la Sociedad General de Aguas de Barcelona. 

Todo ello suponiendo que las elecciones no acaben en la Fiscalía. Algunos sectores denuncian ‘pucherazo’ a favor de los ‘indepes’. Aseguran que los votos no cuadran, y achacan todo al sistema de voto electrónico diseñado por Scytl, la misma empresa que se ocupará de hacer el recuento de las próximas elecciones municipales y autonómicas.