El sindicato UGT ha pedido a todos los grupos parlamentarios que rechacen el real decreto aprobado el pasado 28 de septiembre en consejo de ministros y que significaría un duro golpe, si no mortal, para la actividad de plataformas que trabajan con licencias VTC como Cabify y Uber, y ha pedido una nueva redacción que proteja a las 15.000 familias que dependen de esta actividad.
En una carta firmada por el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato, Miguel Ángel Cilleros Sánchez, UGT considera que el real decreto, en su redacción actual, no ayuda a mejorar la situación y pidió un nuevo texto en el que los ministerio implicados, “especialmente Fomento”, busquen “conciliar el interés de todas las partes desde una participación abierta y un espíritu constructivo; sin trasladar a otras instituciones de la administración pública un problema que el actual Ejecutivo no ha sabido resolver”.
El sindicato cree que “hay que dotar de un marco laboral estable y de calidad a los más de 15.000 trabajadores de empresas VTC, razón suficiente para explorar vías de negociación y acuerdo con los representantes empresariales del sector”.
En este sentido, el sindicato quiere “no sólo mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de estos profesionales sino que contribuya, junto a las empresas, a disociar el marco de actuación de las VTC del de otros tipos de plataformas o modelos de negocio que fomenten una relación laboral de precariedad”.
UGT considera que el Gobierno no ha contado con la totalidad de agentes del sector y ha excluido a los representantes de los trabajadores y a las asociaciones de empresas y autónomos, que se han visto privados de la posibilidad de hacer sus aportaciones.
El sindicato asegura que seguirá defendiendo “los intereses de los asalariados y autónomos del sector del taxi”, pero no a costa de “la defensa de los intereses de otros tantos miles de trabajadores que también tienen derecho a desarrollar su actividad profesional en condiciones dignas”. Para ello, llamó a “encontrar un punto de equilibrio sin expulsar del mercado a miles de trabajadores en activo que, sin duda, irían a engrosar las listas del desempleo”.
Una oportunidad única
Los representantes de los trabajadores consideran que no pueden ni deben oponerse al progreso tecnológico pero sí impedir “que el mal uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación fomente la precariedad laboral o abra espacios a la desregulación, trasmutando el mercado de trabajo en una 'ciudad sin ley”. Por ello, cree que nos encontramos ante “una oportunidad única para entender a estas ‘plataformas’ que por el camino de la regulación y la negociación entre partes se puede mejorar la calidad del empleo en el sector (...) sin que estas empresas pierdan competitividad”.
En este sentido, UGT quitó peso a las discrepancias, el conflicto y la reputación de cada sector ante la opinión pública y subrayó que lo que verdaderamente le preocupan son los trabajadores, “profesionales todos, y muy cualificados”.
Licencias VTC
La carta enviada por el sindicato a los partidos políticos en el Congreso llega el mismo día en el que Fomento ha hecho públicos los datos de licencias VTC que hay en nuestro país hasta finales de septiembre. En concreto, había 11.888 licencias concecidas, lo que supone 942 más que un mes antes. La mayor parte han entrado en Madrid (799), procedentes de los distintos procedimientos judiciales que hay abiertos. Están pendientes de resolver cerca de 9.000 autorizaciones más.
Todas esas VTCs que están en manos de la Justicia datan del período 2009-2015, en el que la Ley Ómnibus liberalizó el sector. Pese a que después el Gobierno de Rajoy volvió a instaurar el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, el Supremo ha dictado jurisprudencia para que todas las que fueron solicitadas en ese período sean concedidas, al no existir en ese momento ninguna limitación para otorgarlas.
No se puede olvidar que el real decreto aprobado en septiembre por Fomento da cuatro años de moratoria (extensivos hasta seis) para que las VTC tengan que cumplir con la legislación de los Ayuntamiento. Sin embargo, las que vayan entrando desde la publicación de la norma, también tendrán cuatro años (con independencia de cuándo entre en vigor la norma).