Según han informado a Efe fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando este y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado, que se han abierto esta tarde en un hotel de León con el primer encuentro entre la dirección y los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué numero ni las condiciones laborales.

Además, la dirección de la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leones, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores "han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa", y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad.

Al respecto, han recordado que llevan meses presentado propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en un estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo.

La empresa notificó el pasado viernes a los representantes de los trabajadores el ERE de extinción para los 362 empleados.

La reunión se hoy se produce después de que el pasado jueves miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta.

A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar "viabilidad" a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que "reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado", a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones.

De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de dos mil personas.

Los cerca de 600 trabajadores, entre fijos y de empresas auxiliares dedicadas en exclusiva a proveer a Vestas, que se verían afectados mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.