El consejo de Autostrade per l'Italia, la filial de Atlantia que gestiona el tramo de la autopista del norte de Italia donde se cayó el puente, se reunirá previsiblemente el martes, mientras que la empresa matriz celebrará su propia reunión de consejo el miércoles, dijo la fuente.
Se plantearán una serie de problemas técnicos y legales a los miembros del consejo de Atlantia y de Autostrade la próxima semana, según la fuente.
No se esperaban cambios en la dirección, resistiendo los llamamientos de dimisión realizados por destacados políticos a los máximos ejecutivos de Autostrade, añadió la fuente.
Un tramo de 200 metros del puente se derrumbó el martes en medio de intenso tráfico, causando al menos 38 muertos, lo que provocó que desde el Gobierno antisistema surgieran voces pidiendo que se retiraran las concesiones de autopistas de Atlantia.
Los títulos de Atlantia se desplomaron más del 30% en los días posteriores al derrumbe del puente, tocando un mínimo histórico de 17,26 euros el jueves.
Autostrade, que opera 3.000 kilómetros de autopistas en Italia, representa el 66% de los ingresos de Atlantia.
La agencia de calificación de riesgo S&P dijo el jueves que había colocado en revisión para una posible bajada su nota 'BBB +' de Atlantia, para reflejar el riesgo de posibles litigios y multas.
Dos fuentes gubernamentales dijeron a Reuters que la amenaza de revocar la concesión nacional de Autostrade podría ser inviable y que en su lugar podría saldarse con una fuerte multa.
El viernes, periódicos italianos dijeron que el regulador del mercado, Consob, se había puesto en contacto con el Gobierno para advertir de que debía seguir ciertos procedimientos antes de hacer comentarios sobre una compañía cotizada. Consob no quiso realizar comentarios.
El Ministerio de Transportes de Italia ha dado a Autostrade 15 días para demostrar que cumplió con todas sus obligaciones contractuales, sin lo que Roma podría considerar que incumple los términos de sus concesiones.
El viernes, el ministerio dijo que todas las inspecciones estructurales de la infraestructura concesionada eran responsabilidad de la operadora y no del Gobierno.