Tal y como ha explicado el directivo, antes de realizar esta integración de las dos redes de sucursales deben recibir las autorizaciones necesarias para la integración jurídica del banco resuelto, que esperan para septiembre u octubre. ¿Hay que hablar con los representantes de los trabajadores, y en el caso de las oficinas, estamos estudiando ya caso por caso para no generar disfunciones¿, ha indicado el directivo.

El calendario previsto por Santander para la integración de Popular contempla una primera etapa para incorporar los servicios, que ya está completada. Una segunda etapa menos visible relativa a la tecnología y operaciones, que seguirá ocurriendo a lo largo del tiempo con un grado de intensidad "más bajo", y una tercera etapa de cara al cliente, relativa a la integración de oficinas y la adaptación de la plantilla, que previsiblemente terminarán en junio de 2019. Una vez se haga efectiva la integración, la marca Popular desaparecerá.

Respecto a la polémica por los posibles errores en las cuentas de 2016 del Popular, Álvarez insiste en que ¿estaban realizadas de acuerdo a la normativa vigente¿, `dejando la pelota¿ en el tejado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su investigación sobre las cifras. ¿El Popular de hace un año no es el mismo de ahora¿, ha indicado Álvarez, explicando que ¿las sinergias estimadas de 150 millones de euros para este año las vamos a conseguir, y los resultados van más o menos con lo que esperamos¿.

Respecto a la posible `canibalización¿ de los negocios entre ambas entidades, los directivos del banco indican que solo se ha producido en el negocio mayorista. ¿En pymes y compañías de tamaño medio seguimos manteniendo la cuota de mercado¿, ha explicado el directivo. De hecho, más de 30.000 clientes del Popular han contratado ya la Cuenta 1,2,3  Profesional, según datos de la entidad.

Álvarez no ha querido pronunciarse sobre las posibles provisiones que Santander habrá tenido que realizar para afrontar la avalancha de litigios que el banco espera por parte de los afectados por la resolución del Popular, así como tampoco del cruce de acusaciones entre los ex presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, durante la intervención de los mismos en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso de los diputados.

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