Cerrar el parque nuclear español cuando cumpla los 40 años es, a día de hoy, "imposible". ¿Las razones? Pondría en riesgo la seguridad de suministro, elevaría los costes del sistema, haría repuntar las emisiones de CO2 y, sobre todo, no permitiría recaudar el dinero suficiente a Enresa para financiar su desmantelamiento.
Así lo defiende el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que este martes ha reiterado la necesidad de mantener activas durante diez años más las centrales ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado su voluntad de echar el cierre al parque español en 2028.
"Al menos en nuestra opinión, el cierre temprano del parque nuclear puede provocar un impacto importante en la seguridad de suministro, en los costes del sistema eléctrico y en el nivel de emisiones de CO2. Es imposible asumir el cierre de todas las centrales al mismo tiempo", ha señalado Bogas en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre.
El ejecutivo, que es consciente de los desafíos que supondría también mantener las plantas operativas esa década adicional, sostiene que "es imposible realizar el cierre de todas las plantas" entre 2023 y 2028, la horquilla en la que cumplen su cuarta década en activo las centrales de Almaraz, Cofrentes, Ascó, Trillo y Vandellos.
Tapar el 'agujero' de Enresa
Además, con una década adicional de actividad la pública Enresa tendría tiempo suficiente para recaudar -a través de la tasa que aportan las empresas-, el dinero que se requiere para costear el proceso de desmantelamiento.
"Las cifras son muy claras: si continuamos con la tasa Enresa que tentemos hoy en día y paramos la operación cuando las plantas lleguen a los 40 años, habrá un déficit de entre 1.000 y 3.000 millones, dependiendo del escenario que se considere para hacer las estimaciones", ha señalado Bogas en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre. "Si mantenemos la operación diez años más, con la tasa que pagamos actualmente, no habrá déficit".
El plan de residuos vigente marca que con los alrededor de 5.000 millones que ha acumulado la empresa pública desde 1985 -primero a través de los consumidores vía factura eléctrica y luego con la tasa que se carga a las empresas-, debía bastar para cubrir el desmantelamiento de todas las centrales.
Sin embargo, el coste del desmantelamiento y gestión de residuos se sitúa en casi 17.400 millones, según los últimos datos, por lo que con los ingresos previstos hasta el cierre de la primera planta faltarían alrededor de 3.000 millones, según las estimaciones del sector. Para evitar este 'agujero', se aboga por extender la vida útil de las plantas otra década.
Desmantelar a partir de 2032
Foro Nuclear defiende también extender la vida de las centrales para no provocar un cuello de botella en su desmantelamiento. La patronal del sector sostiene que es necesario plantear un apagón ordenado porque el calendario de cierre es demasiado apretado y daría lugar a problemas en la gestión de residuos.
Entre junio de 2020 y septiembre de 2021 vence la licencia de operación de Almaraz, Ascó, Cofrente y Vandellós II. A la de Trillo le queda hasta 2024. Aunque en España el periodo de funcionamiento de una central no tiene un plazo fijo establecido, el parque fue diseñado para estar en activo cuatro décadas.
En opinión de Foro Nuclear, es necesario extender la operación ya que ni siquiera se dispone de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) al que desplazar los residuos más peligrosos (el combustible quemado). La semana pasada, el Gobierno pidió al Consejo de Seguridad Nuclear que dejara en suspenso su informe para autorizar la construcción del ATC de Villar de Cañas (Cuenca).
Desde el Ministerio de Transición Energética piden más tiempo para analizar la situación del controvertido proyecto -paralizado en tribunales desde hace años- y para alinearlo con su programa energético.