La situación política por la que atraviesa España tiene preocupada a la filial española del Deutsche Bank. Considera que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede provocar volatilidades en los mercados, afectando así a la situación macroeconómica y financiera de España. Es decir, al entorno en el que se mueve la compañía.
Así lo explica el grupo que lidera Antonio Rodríguez-Pina a los inversores en el último folleto de base de valores no participativos, que fue inscrito ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. En él se detalla que “la actividad” del grupo se puede ver afectada por la “inestabilidad derivada de la moción de censura”, por la que Sánchez fue investido presidente del Gobierno.
En concreto, como principales focos de preocupación, apunta a la falta de concreción de las medidas que el Ejecutivo socialista quiere adoptar, ya que “sólo se conocen algunos detalles del programa, pero no puede anticiparse qué propuestas serán aprobadas”. Y va, además, un paso más allá al asegurar que “tampoco puede anticiparse el tiempo que transcurrirá hasta unas nuevas elecciones”.
Pero lo que más preocupa a la entidad alemana es la situación de Cataluña, en donde cuenta con buena parte de su negocio. En concreto, según los últimos datos disponibles, el 32% (3.643 millones) de sus préstamos están concedidos en la región, y el 21% (1.593 millones) también están en Cataluña. Por tanto, la dependencia que tiene de la Comunidad es muy elevada.
Es por esta razón por la que la entidad alerta de la “situación política inestable” que se vive en la Comunidad "debido al movimiento independentista". Y es que, pese a que Joaquim Torra ejerce como presidente de la Generalitat, la entidad considera que existe “cierta incertidumbre” por la “tensión política y social”, lo cual podría generar problemas a la situación de la compañía.
La filial española de Deutsche Bank lograba en 2017 un beneficio de 10 millones de euros, un 76% que un año antes. Unas cuentas que llegaban después de las dudas que surgieron en torno al futuro de la entidad, en concreto de su área minorista, que estuvo a punto de ser vendida. Sin embargo, el grupo alemán decidió suspender el proceso para tratar de relanzar su estrategia y la imagen que hay del banco en España.
De hecho, en los últimos meses la entidad alemana ha estado involucrada en algunos de los principales procesos corporativos que ha habido en España. Es el caso, por ejemplo, de la financiación de la venta de los activos inmobiliarios de Santander y Popular a Blackstone; además parece que está a punto de cerrar la compra a Sabadell de una cartera de créditos con garantía hipotecaria por 2.500 millones de euros.
Los impuestos y la financiación
La atención del banco alemán está ahora en lo que pueda ocurrir en el tablero político español, sobre todo teniendo en cuenta los impuestos al sector financiero que quiere incorporar el nuevo Ejecutivo. También está atento a la manera en la que España debe incorporar la directiva europea Mifid 2, que pretende otorgar una mayor transparencia al mercado financiero.
Aunque parte de esta normativa ya está incorporada a través de un real decreto, queda todavía por trasponer a la legislación española una buena parte. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy llevaba cierta demora en su aplicación, lo que ha provocado que la Comisión Europea quiera llevar a nuestro país al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso que llevamos acumulado.
Un toque de atención que ya había lanzado la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien nada más aterrizar en el despacho se encontró en el cajón hasta catorce directivas europeas que deben adaptarse a nuestras leyes. Fuentes de su departamento explican que en el caso de la normativa Mifid II existe confianza en sacarla adelante en las próximas semanas, ya que está pendiente que el Consejo de Ministros estudie las aportaciones del Consejo de Estado.
Sin embargo, esas mismas fuentes recuerdan a EL ESPAÑOL que los plazos hay que cumplirlos y, por tanto, no será un proceso sencillo. De hecho, insisten en que hay otras normativas europeas como la Ley Hipotecaria que corren muchísima más prisa porque existe riesgo de sanción. Recuerdan, por ejemplo, el caso de la Ley Hipotecaria, que debe estar lista antes de octubre, dado que a partir de entonces habrá una multa de hasta 100.000 euros por día de retraso.