La Rioja como excepción a la regla. Es la única comunidad autónoma que, cruzando los datos de población suministrados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los de oficinas del Banco de España (BdE), puede presumir de seguir contando con una sucursal bancaria por cada menos de 1.000 habitantes. A finales de 2017, contaba con 312.830 habitantes y 314 oficinas. O lo que es lo mismo, una oficina por cada 996 habitantes.

Es la única región que muestra una proporción así, una realidad que ilustra hasta qué punto está cambiando el mapa bancario en España. Porque antes era casi la norma que hubiera una sucursal por cada 1.000 habitantes. De hecho, una década antes, a finales de 2007, esa era la media: 1.003 habitantes por oficina, con 45.500 sucursales en un país de 45,67 millones de personas. Y en ese momento, hasta ocho comunidades tenían una ratio inferior a los 1.000 habitantes.

Este cambio de patrón responde a un número fundamental: a finales de 2017, la red de oficinas se limitaba a 27.480, casi un 40% menos que diez años antes. Del resto se encarga que la población haya crecido en casi un millón de personas en el mismo periodo. Como consecuencia, la proporción actual se sitúa en 1.698 habitantes por oficina.

En algunas regiones, el descenso resulta aún más radical. En Cataluña, por ejemplo, se ha pasado de una oficina por cada 896 personas a una oficina por cada 1.916 en la última década. En la Comunidad Valenciana y en Madrid los cambios de proporción también han sido similares ¿ver gráfico-.

CUESTIÓN DE CAPACIDAD (Y DE TECNOLOGÍA)

Por el camino, la desaparición de decenas de marcas, borradas del sector por fuerza de los excesos previos a la crisis, de los efectos de la crisis y de la inevitable reestructuración tras la crisis. Este ciclo continuado de `antes, durante y después¿ se ha traducido en un ajuste de la sobrecapacidad previa del sector. O dicho de otro modo: las entidades supervivientes han tenido que adaptarse a una nueva realidad en la que aquilatar los costes y las capacidades no ha sido opcional. En un marco de tipos de interés en mínimos históricos, presión regulatoria, competencia tecnológica y limpieza de los balances, no ha habido otra posibilidad.

Esta obligación ha dejado distintas huellas. Y entre las más visibles se encuentran las oficinas. Más de 46.000 en 2008; menos de 27.500 ahora. No había tan pocas sucursales en España desde 1981.

Y la poda aún no ha terminado. Porque a la necesidad de ajustar la capacidad a la realidad se suma otra tendencia imparable: la tecnología. Con la banca `online¿ y la banca móvil cada vez más instalada y más usada por los clientes, la reducción adicional de oficinas está asegurada.

RIESGO DE EXCLUSIÓN

Ahora bien, toda acción tiene su reacción. Y esta tendencia, aunque lógica por las necesidades del sector y los desarrollos tecnológicos, también tiene sus efectos secundarios. Y entre ellos destaca el riesgo de exclusión financiera. Es decir, que una parte de la población deje de tener en su municipio una sucursal, con todo lo que eso supone a la hora de hacer gestiones en caso de no contar con los recursos o los conocimientos tecnológicos para ello.

Aunque parece una amenaza remota, los datos delatan que no lo es. Según calculaba ya el BdE a finales del año pasado, entre 2007 y 2016 el número de municipios sin oficinas bancarias ha pasado del 44% al 50%. Y en abril de este año el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) precisaba a su vez que la población sin acceso a una sucursal ha crecido en un 34% desde 2008, para un total de 1,25 millones de personas.