La nueva sede, que acogerá a algo menos de un centenar de empleados, dispone de una superficie de 2.000 metros cuadrados y se encuentra entre la Avenida de Ramón y Cajal y la calle de Costa Rica, en el centro de la capital.  

Fuentes oficiales de Ahorro Corporación, adquirida por StormHarbour y la firma de inversión valenciana Atitlán en julio de 2017, han confirmado a Europa Press el traslado y lo atribuyen al ahorro de costes que supone abandonar una sede de la que apenas tenían ocupada una quinta parte.

La sociedad cerró en 2015 la venta del edificio en el Paseo de la Castellana 89 a Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de la familia March, por 147 millones de euros, con el compromiso de permanecer allí en régimen de alquiler.

Según las fuentes consultadas, el contrato vence en estos días, pero Ahorro Corporación no efectuará su traslado a la calle Eucalipto hasta mediados junio.

CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA ESCUCHA OFERTAS DE ALQUILER

El edificio de Azca cuenta con 20.000 metros cuadrados repartidos en 12 plantas de oficinas en alquiler, otra de locales comerciales y 530 plazas de aparcamiento. Ahorro Corporación tenía alquilados 6.600 metros cuadrados.

Fuentes del mercado han informado a Europa Press de que Corporación Financiera Alba ya ha recibido "bastantes" ofertas para alquilar las oficinas, dada la extensa superficie disponible en una de las zonas de oficinas 'premium' de Madrid.

Ninguna de estas ofertas se ha concretado por el momento, ya que el brazo inversor de la familia March todavía cuenta con unos meses hasta que Ahorro Corporación abandone su actual sede.

La 'nueva' Ahorro Corporación, participada al 90% por StormHarbour y al 10% por Atitlán, tiene como objetivo volver a contabilizar beneficios en 2018 con la potenciación de servicios y la creación de nuevos negocios.

En julio de 2017, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Chocano, ya adelantó que la firma se encontraba buscando una nueva sede que se ajustase "mejor" a su nueva dimensión, con una plantilla inferior a cien trabajadores tras los sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) aplicados en la entidad antes de la adquisición.