En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio 2017, Llardén subrayó que el tema de las compensaciones es un caso que "no afecta a Enagás", ya que el Constitucional no discutió el fondo del tema, sino que discutió el instrumento que se utilizó para hacerlo, y añadió que el tribunal insta al Gobierno a "encontrar una solución de tipo legislativo".

En aplicación de la sentencia del Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank y que asciende a unos 1.350 millones de euros.

Así, el presidente de Enagás indicó que "técnicamente" la compañía deja de cobrar esas cantidades que le corresponden por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén hibernado desde 2014, aunque subrayó que esto no afecta al beneficio de la compañía y que se les garantizará el cobro por el Gobierno.

NO VE MÁS AJUSTES PARA EL SECTOR ANTES DE LA PRÓXIMA REVISIÓN

Por otra parte, Llardén consideró que "a día de hoy" el tema regulatorio en el sistema gasista "está perfectamente acotado" y no prevé más ajustes para el sector antes de la revisión para el periodo que se abre en 2021.

Así, señaló que "todos los datos objetivos" con los que cuenta la compañía le hacen pensar "que no va a haber cambios importantes" en materia regulatoria antes de 2021 y aseveró que además "no parece que el Gobierno tenga intención de ello, ya que para ello debería aprobar una ley específica".

A este respecto, se refirió a la comparecencia de Álvaro Nadal en el Congreso de los Diputados a finales de enero, en la que el ministro cifró el ajuste necesario para el sector gasista en horquilla de entre 0 y 50 millones de euros.

"Lo que dijo el ministro en el Parlamento lo tenemos como Biblia de cabecera", añadió el directivo, quien estimó que estos recortes tendrían un impacto, en el peor de los casos, de unos 20 millones de euros para Enagás.

Además, consideró que estos ajustes no son necesarios, ya que el sistema gasista no genera déficit y, de continuar al ritmo previsto, se conseguiría eliminar el existente en 2023, mucho antes de la fecha prevista.