El informe Deloitte sobre el banco Popular encargado por la Junta Única de Resolución (JUR) está plagado de advertencias. La primera de ellas llega cuando asegura que se les ha solicitado analizar la entidad “en un período extremadamente corto de tiempo”. En concreto, 12 días desde que tuvieron el acceso a toda la información disponible sobre la entidad que, por aquel entonces, lideraba Emilio Saracho.
La mayor parte del trabajo se desarrolló en ese tiempo, cuando habitualmente la auditora asegura que necesita “al menos seis semanas, tal y como se acordó con la JUR el 23 de mayo”. Así que cinco días más tarde Deloitte y la institución que preside Elke König decidieron acordar que el análisis se centraría “únicamente en los activos y pasivos clave donde existe una considerable incertidumbre sobre la valoración”, según explica la carta que la auditora envía junto al documento principal.
Informe censurado
Una misiva en la que falta el nombre de los firmantes, dado que está censurada por la JUR, dentro de la versión no confidencial y que se publica este viernes. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL esa ‘censura’ se repite a numerosos apartados del documento, todo ello con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero. Al menos, son los argumentos que Elke König ha venido dando durante los últimos meses para no hacer público el informe.
Pero las advertencias de Deloitte se extienden durante los siguientes párrafos. Insiste en que “se basa en informaciones públicas, información compartida por la JUR, así como los datos disponibles desde el ‘data room’ formado sobre el Popular”. Sin embargo, no hubo acceso posible a “cierta información crítica. Y la oportunidad de analizar la información con los directivos, los auditores o los supervisores ha sido limitada”.
Fuera como fuera, en los doce días de los que dispuso para elaborar el documento, la big four asume que no le hubiera dado tiempo a elaborar una due dilligence “completa”. Por eso alerta a la JUR de que se trata de “una valoración altamente incierta y provisional”, tal como se establece en los reglamentos de resolución del organismo europeo. Y avisa de que “la valoración definitiva se entregará tan pronto se pueda realizar”.
Los despachos de abogados, al quite
Un documento que va a ser escudriñado a partir de ahora por los despachos de abogados, que buscarán en él argumentos contra la decisión de resolver el Popular y su posterior venta al Santander por un euro, y una posterior ampliación de 7.000 millones de euros.
La auditora avisa de que fruto del poco tiempo y las dificultades para elaborar el informe, puede haber datos desactualizados, incorrecciones y datos que puedan faltar. Además de “documentos a los que no hemos podido acceder o de los que desconocemos su existencia”. De ahí que decline asumir responsabilidades sobre “la fiabilidad de la información revisada en la medida que pueda ser incorrecta, incompleta o engañosa”.