En su escrito, los Cierco denuncian la "pasividad y dejadez" con la que ha actuado la UE en este proceso, al no advertir en ningún momento de la "parcial, precipitada e insuficiente" traslación al derecho interno de Andorra de la directiva europea, que dio lugar a la denominada "Ley BPA".
La familia sostiene que la puesta en marcha de esta normativa ha comportado "graves perjuicios" a todos los accionistas de la entidad, que "no se han podido oponer ni se han visto compensados como consecuencia de la privación del derecho a la propiedad universalmente conocido".
Los Cierco, que han presentado este requerimiento en la delegación de la Comisión Europea (CE) en Madrid, piden a este organismo que intervenga "para poner remedio a la deficiente trasposición de la directiva", que ha provocado, en su opinión, que la intervención de BPA y su posterior resolución se llevara a cabo "vulnerando de manera flagrante el derecho a la presunción de inocencia".
BPA fue intervenida en marzo de 2015 después de ser acusada por Estados Unidos de canalizar fondos del crimen organizado.
Se aprobó entonces una ley de resolución de entidades bancarias y se inició el proceso para separar los activos sanos de los tóxicos de BPA, lo que dio lugar a Vall Banc, que abrió sus puertas en mayo de 2016 y que, en julio de ese año, fue vendida al fondo estadounidense por 29 millones de euros.