Nueva vuelta de tuerca en el caso Popular. El despacho B. Cremades & Asociados ha presentado una denuncia contra la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König. En ella reclama que se investigue su actuación durante la crisis del Banco Popular, al considerar que filtró información sobre el procedimiento abierto contra le entidad.
En concreto, el bufete considera que las declaraciones en televisión de König en mayo pasado, en las que aseguraba que "la Jur estaba supervisando el Popular" pueden suponer una filtración. Pero también el hecho de que Reuters publicara días más tarde que la JUR podría resolver Banco Popular de manera inminente; y el hecho de que "las filtraciones presuntamente continuaron de manera que las administraciones españolas retiraron miles de millones de euros en depósitos de Banco Popular".
La denuncia
Una actuación que acabó de la forma ya conocida: con la resolución de la entidad. La denuncia, que ha sido presentada ante el Director General de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, ha sido remitida también ante la Comisión Europea y el Vicepresidente de la JUR, así como al Oficial de Ética y Cumplimiento de la JUR y a la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Comisión Europea
Desde B. Cremades consideran que la actuación de König no se ajustó a la normativa del artículo 88(1) del Reglamento 806/2014, de 15 de julio de 2014, dispone que a los miembros de la JUR “les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesionales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de resolución”.
Por si fuera poco, el despacho recuerda que la JUR podría estar haciendo dejación de sus funciones al no haber entregado el informe Deloitte que fijó la caída del Banco Popular. Por ello, y a tenor del reglamento, desde B. Cremades y Asociados solicitan "una investigación contra König y se le apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes por el incumplimiento de sus funciones".
Además, consideran que todo esto invalida a la actual presidenta para revalidar su mandato durante cinco años, por lo que solicitan "su suspensión".