El proceso de licitación se encuentra paralizado desde que en abril la Contraloría General hizo esa recomendación con el argumento de que la convocatoria no incluía una precalificación de las obras.
Antes, varios diputados denunciaron que Sacyr no estaba autorizada a presentarse a la licitación al tener un contrato rescindido en España y una multa de 7 millones de euros (8,1 millones de dólares).
Con la acción de certeza constitucional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones busca que la Corte Suprema determine si la recomendación de la Contraloría General "se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes".
El ministerio señaló en un comunicado que la cancelación recomendada por la Contraloría General no corresponde debido a que la licitación para esas obras, bajo la ley de Alianza Público Privada (APP), "se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia".
En ese sentido, el ministerio añadió que la "Contraloría General se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y con ello ha socavado todo un procedimiento establecido para un concurso de APP".
En julio, el Ministerio de Obras Públicas recurrió la recomendación de la Contraloría General ante el Tribunal de Cuentas, alegando también "extralimitación de funciones de parte del organismo contralor en cuanto a sus competencias".
Sin embargo, la pasada semana, el ministerio desistió de seguir con esa acción judicial debido a que se trata de un proceso administrativo muy largo y que no coincide en el tiempo "con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio".