Según se detalla en el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, la Junta de Urbas Grupo Financiero aprobó en julio de 2015 ampliar capital por 384,48 millones de euros, operación que se materializó mediante la aportación no dineraria del cien por cien de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
La Junta la autorizó tras un informe sobre la idoneidad de la operación aprobado en mayo de ese año por el Consejo de la Administración de Urbas, presidida por Juan Antonio Ibáñez, al que se dirige la querella junto a otros consejeros y sociedades.
El informe, avalando por Grant Thorton, incluía balances de las compañías que se habían integrado previamente en Aldira y reflejaban unas plusvalías en los activos "totalmente irreales e injustificadas que desvirtuaban completamente el sentido de la operación", según la Fiscalía Anticorrupción.
El valor de esos activos fue calculado por el Consejo de la promotora inmobiliaria.
"Tanto la valoración efectuada por el Consejo de Administración de Urbas como las conclusiones del informe de Grant Thorton son completamente irracionales y opuestas a la verdad y tuvieron como única finalidad justificar la ampliación del capital con pleno conocimiento del engaño que incluían", según el extracto de la querella de la Fiscalía recogido en el auto.
La ampliación, añade, generaba un "evidente perjuicio" a los accionistas que no tenían participación en Aldira, al diluir "enormemente" su participación en Urbas, en beneficio de los que sí tenían y entre los que, casualmente, estaban los principales integrantes del Consejo de Administración de Urbas.
La "irracionalidad e inexistencias de las plusvalías latentes", según recoge el auto, fue puesta de manifiesto tanto por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude como por la Intervención General de la Administración del Estado.
Además, según el fiscal, los informes de tasación utilizados se encontraban caducados cuando se aprobó la integración de Aldira en Urbas y en la valoración de los inmuebles no se siguieron los criterios legalmente exigidos.
En marzo de 2016, Urbas, que permanece suspendida de negociación desde el pasado 13 de septiembre, solicitó la admisión a negociación de 30,7 millones de acciones procedentes de dicha ampliación de capital.
Cuando se firmó el informe de Grant Thorton que avaló la operación -mayo de 2015, se incorporaron a los activos de Urbas por valor de 11,27 millones de euros, cuando en el mismo día habían sido adquiridos por poco más de medio millón de euros.
La contraprestación por dicha compra no consistió en el pago en metálico, si no en la cesión de un derecho de crédito de 10,29 millones que Urbas ostentaba contra tres sociedades vinculadas con los administradores de la entidad, según recoge el auto
La Audiencia Nacional se declara competente para llevar el caso porque, como indica el Ministerio Fiscal y entre otras cuestiones, los hechos denunciados, además de integrar los conceptos de defraudación y maquinación para alterar el precio de las cosas, pueden repercutir en la economía nacional por su elevado importe (más de 380 millones de euros).