El grupo Sacyr, al frente del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que ha llevado a cabo la ampliación del Canal de Panamá, ha sufrido el primer revés arbitral.
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, ha dictado un laudo contrario a los intereses del consorcio, en el que, además de la empresa española presidida por Manuel Manrique, figuran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. De esta manera, se quedan sin los 163 millones de euros y, además, deberán abonar 19,4 millones de euros por los gastos del proceso arbitral. En el caso de Sacyr, el coste de este fallo arbitral se eleva a 8 millones.
Desde Sacyr, que ostenta el 41% en este consorcio, tratan de quitar hierro a este primer laudo arbitral contrario a sus intereses. “Se trata de una reclamación menor que no tiene impacto en nuestras cuentas”, comentan desde la constructora española.
Informe de experto independientes
De cara al futuro, Sacyr confía en que el resto de procesos de arbitraje que están en marcha se salden de manera positiva. La constructora se juega 660 millones de euros, los equivalentes al 41% de los 1.600 millones barajados como una cantidad que, desde el grupo español, entienden que se puede conseguir, en base a un informe de experto independiente.
En el laudo, el tribunal arbitral se posicionó a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), al entender que no había lugar a la reclamación de las empresas por una estructura en la entrada del Pacífico, que habían diseñado y construido, por estimar que eran plenamente responsables.
Las obras para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá fueron adjudicadas en 2009 al consorcio liderado por Sacyr por casi 3.000 millones de euros, pero un sinfín de retrasos y sobrecostes llevó a las empresas a la necesidad de buscar compensaciones ante la Autoridad del Canal de Panamá, que no fueron atendidos y obligaron a las empresas a acudir a la instancia arbitral.