El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y hay importantes cambios respecto a lo que hasta ahora se conocía. Concretamente, la adenda incluye dos nuevos fondos cargados con miles de millones de euros (en préstamos) que financiarán rebajas fiscales 'verdes' para empresas y hogares y una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la promoción de vivienda social en alquiler.
Se trata del fondo para "incentivos fiscales para fomentar la inversión verde
de empresas y hogares", que contará con 2.250 millones de euros (con los que se ampliarán los plazos de las deducciones fiscales en el caso de la rehabilitación de viviendas que, en el caso de las residenciales llegarán hasta 2024) y la citada línea del ICO, que estará dotada con 4.000 millones de euros.
La adenda tiene como objetivo movilizar más de 90.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos Next Generation EU, la mayor parte de ellos préstamos. Concretamente, incluye 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones adicionales en transferencias y casi 2.600 millones de euros a cuenta del nuevo mecanismo REpowerEU.
Según ha explicado Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tal y como figuraba en versiones anteriores de la adenda, se creará un fondo dotado con 20.000 millones de euros para financiar las inversiones sostenibles en las comunidades autónomas en sectores como los de vivienda, agua, residuos o investigación y desarrollo.
El susodicho fondo estará gestionado en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Por otro lado, a través de los fondos que gestionará el ICO, las empresas dispondrán de 22.500 millones de euros de "financiación en condiciones favorables para proyectos de inversión" que faciliten la adaptación a la doble transición verde y digital. Entre ellos habrá un compartimento específico de 1.000 millones de euros para el sector turístico.
PERTE
Por otro lado, la adenda incluye un importante refuerzo de los 12 proyectos estratégicos europeos (PERTE) en marcha. Concretamente, se trata de casi 30.000 millones en recursos adicionales (ver cuadro), de los que 10.300 son transferencias directas.
La adenda definitiva que se va a enviar (dentro de unos días) a la Comisión Europea también incluye una petición por parte del Gobierno. El Ministerio de Asuntos Económicos indica que se solicita a Bruselas que se haga una "revisión de algunos hitos y objetivos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation".
En concreto, "se incorpora el impacto de los precios internacionales de energía y materias primas sobre los costes, se amplían algunos plazos dentro del máximo de 2026 y se extiende el ámbito de algunos programas de éxito, como el Kit Digital, que ampliará su aplicación a empresas a partir de 50 trabajadores".
Lo cierto es que el contenido de esta adenda será heredada por el Gobierno que salga de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, los plazos apremian: el límite para remitir esta adenda es el 31 de agosto.