Arturo Criado Eduardo Ortega Socorro

Todo a punto. El Gobierno ultima el decreto por el que se va a regular el uso de los 140.000 millones de euros que llegarán de Bruselas para financiar la reconstrucción de la economía. Un documento en el que se contempla que la ventanilla para que las empresas puedan empezar a presentar proyectos de interés que sean financiados esté abierta en dos meses desde que su aprobación. 

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Esto significa, si todo va bien, que antes de que termine el mes de febrero el registro de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) esté listo. La idea del Ejecutivo, según las fuentes consultadas, es dar luz verde al decreto en el próximo Consejo de Ministros (que se celebra el 22 de diciembre) o -como mucho- en su última reunión del año. 

Ese registro de PERTE será una web que dependerá directamente del Ministerio de Hacienda y en el que se podrán inscribir todas las entidades que puedan estar interesadas en formar parte de dichos proyectos. ¿Y qué es un PERTE? “Aquellos proyectos que tengan carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española”, dice el decreto al que ha tenido acceso Invertia. 

PERTE

Será el Consejo de Ministros el que decida cuáles tienen esta consideración y cuáles no, “a propuesta del titular del departamento (ministerial)” y tendrá que definir también “la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas”. Es decir, que será el Ejecutivo quien ponga encima de la mesa (previa escucha al sector privado) qué programas y cuáles no merecen ser impulsados con mayor ahínco

Serán, en definitiva, programas que vayan acorde con la cohesión territorial, la digitalización, la igualdad y la reducción de las emisiones. Es decir, que contribuyan a hacer una economía más resiliente y moderna. Eso sí, advierte de que estos PERTE “no deben distorsionar la competencia efectiva en los mercados”. 

No sólo eso, es que deben tener “un importante carácter innovador o aportar valor añadido en términos de I+D+i”. 

El decreto que ha podido ver Invertia cuenta con 82 páginas, y recupera también “la figura de las agencias estatales como organismo público, lo que permite reintroducir en la administración pública una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y flexibilidad en la gestión”. 

Público-privado

También contempla la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española mediante “sociedades de economía mixta”, en el que alguno de esos proyectos “se pueda adjudicar directamente” a una sociedad “en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado”. 

Eso sí, establece dos condiciones: “que el socio privado fuera elegido acorde a la ley y que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado”. 

Otra de las claves de este decreto es que estipula los trámites que deben seguirse a la hora de solicitar el acceso a los fondos europeos, pero también compromete los plazos que tendrá la Administración a la hora de resolver solicitudes. El objetivo es que “los programas se tramiten por la vía de urgencia cuando razones de interés público lo aconsejen, al tiempo que se eliminan requisitos de informes y autorizaciones perceptivas”. 

Además, el decreto contempla también la simplificación de la documentación que tengan que presentar los beneficiarios de las subvenciones que se abonen con los fondos europeos. Y es que este decreto aplicará al dinero del Instrumento de Recuperación, pero también a los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Órganos rectores

El Decreto, que todavía puede sufrir cambios pues debe ser negociado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en el propio Consejo de Ministros, establece también los organismos que se ocuparán del control del reparto de los fondos.

Una distribución que no está exenta de polémica, pues en un primer momento (en otro documento adelantado por Invertia) quedaba en manos de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y la mayor parte de los ministros socialistas. Ahora, en cambio, al frente estará todo el Gabinete, pero también el hombre fuerte en economía de Pablo Iglesias.