No es ningún secreto que el Gobierno quiere acometer una reforma tributaria en esta legislatura para avanzar en lo que el presidente, Pedro Sánchez, ha bautizado ya como "justicia fiscal". Y al igual que hizo en su día el Partido Popular, quiere sustentar esa reforma en las propuestas de un comité de expertos que esté presidido por una figura de prestigio y consenso que tenga buena sintonía con Moncloa.
Al presidente del Gobierno le gustaría incorporar a un economista de perfil similar a José Luis Escrivá que, como expresidente de la AIReF, era respetado en el mundo económico y ahora es una de las voces más escuchadas en el Consejo de Ministros.
Mientras el Ejecutivo de coalición termina de negociar con retraso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), en la Moncloa se trabaja en terminar de fichar a esos expertos que formarán una comisión como la que presidió el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares en 2014. No obstante, como es obvio, tendrán un perfil más de izquierdas.
Tras la crisis financiera que tocó fondo en 2012, el Gobierno del PP encargó a la llamada 'comisión Lagares' la redacción de un extenso documento para acometer una reforma integral del sistema impositivo español.
En aquel grupo de expertos estaba presente, entre otros, el ahora gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que es un economista respetado por todas las ideologías.
La comisión contaba con dos vocales, el catedrático de Economía Financiera, Sixto Álvarez Melcón, y el catedrático de Hacienda Pública, Maximino Carpio García. También estaba integrada por el catedrático de Hacienda Pública, Francisco Castellano Real, el catedrático de Economía Aplicada, Juan Francisco Corona, el entonces economista principal del FMI, Fernando Fernández, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Pedro Manuel Herrera, y el catedrático de Hacienda Pública, Rafael Ortiz.
De ese grupo de trabajo salió un informe de 444 páginas con 125 recomendaciones concretas en materia impositiva. Después, el ya exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo utilizó para incorporar algunas ideas, aunque no activó muchas otras para decepción de sus ponentes.
Confianza en Bruselas
Ahora, Pedro Sánchez quiere imitar esa idea, entre otros motivos, para ganarse la confianza de la Comisión Europea. De hecho, el Gobierno anunció que formaría una comisión de expertos el pasado 7 de octubre. Lo hizo dentro de las ideas que puso sobre la mesa para presentar sus planes con los fondos europeos que, si todo va bien, empezarán a llegar a España en 2021.
Las propuestas de este comité de expertos no serán incorporadas en el proyecto de Ley con las cuentas públicas del próximo año. Pero sí se emplearán como guía en los años siguientes en los que España tendrá que acometer un ajuste presupuestario.
Una vez que llegue la recuperación, Bruselas exigirá al Gobierno que vuelva a la senda de la consolidación fiscal y organice las finanzas públicas para que de forma paulatina la deuda pública empiece a reducirse.
Si en 2013 Cristóbal Montoro entregó unas guías a los expertos para que trabajaran sobre ellas, ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará lo propio. Incorporará, además, las propuestas del secretario de Estado de Derechos sociales, Nacho Álvarez.
Impuestos y deducciones
Se pondrá sobre la mesa cómo mejorar la fiscalidad en materia medioambiental y cómo promover la economía sostenible. También será objeto de debate qué hacer con la subida del IVA a la Sanidad y la Educación que el Ejecutivo de coalición ha tenido sobre la mesa.
Curiosamente, la 'comisión Lagares' estudió este asunto, aunque con el espíritu contrario al que propone Unidas Podemos, ya que su idea era analizar la deducción de estos gastos que afrontan muchos ciudadanos y permiten ahorrar al Estado en la prestación de esos servicios públicos.
Por otra parte, se pedirá al grupo de expertos que analice algunas de las recomendaciones de la AIReF sobre deducciones fiscales, entre las que figuran la supresión de los tipos reducidos de IVA o el fin de los incentivos a los planes de pensiones individuales.
Lo que salga de ese grupo de trabajo no será vinculante para el Ejecutivo, pero sí será tenido en cuenta en el diseño de la política fiscal que no solo afecta al Estado central, sino que también atañe a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.
Además, puede tener repercusiones en el mercado laboral, puesto que las cotizaciones sociales también pueden ser objeto de debate.