La convulsa despedida de año que se vivió en París por la reforma de las pensiones de Macron, permite hacerse una idea sobre los motivos por los que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no es capaz de alcanzar el necesario acuerdo político para poner orden a la Seguridad Social en España.

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La reforma de este pilar del Estado de Bienestar volverá a ser uno de los asuntos protagonistas en 2020, pero no hay visos de que vaya a producirse un avance para pactar un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad del sistema. El diagnóstico de la situación es claro. Pero la impopularidad de las medidas que habría que adoptar entre los votantes de mayor edad (que son más numerosos) hace que los políticos se acobarden a la hora de seguir los consejos de los economistas y expertos.

Cuando se publiquen las cifras oficiales se confirmará que a la Seguridad Social le han faltado cerca de 19.000 millones de euros para cuadrar sus cuentas en 2019. El cierre del año ha estado marcado, además, por los datos del fondo de reserva, más conocido como la 'hucha de las pensiones', que se ha quedado bajo mínimos de 2.150 millones de euros, lejos de los 66.915 millones que llegó a acumular en 2011, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los problemas

De no ser por los préstamos concedidos por Hacienda desde 2017, ese fondo habría desaparecido hace tiempo. Las cuentas no cuadran. La nómina de cada pensión media se paga incurriendo en un déficit de 150 euros por pensionista, según estimaciones de BBVA Research. Pero los intentos de implantar algo de austeridad en el sistema han caído en saco roto, como ha quedado claro con la decisión de aparcar la reforma del PP que dejaba de ligar la subida de las pensiones al IPC.

El profesor del IESE y experto en pensiones, Javier Díaz-Giménez afirma que no hay una sola explicación al problema de las pensiones. En primer lugar, señala el hecho de que "la totalidad de las rentas procede del sistema de reparto" y si este falla, al "estar todos los huevos en una misma cesta, se generaría un problema social de primera magnitud".

Según el profesor, el sistema ha quedado caduco y padece de tres problemas. El primero es la evolución de la longevidad en España. En números gordos, si en 1960 un trabajador que había trabajado 40 años se jubilaba con una esperanza de vida de 10 años, en 2020 llega a ese momento con los mismos años cotizados y una esperanza de vida de 20 años.

A esto se suma el hecho de que España es hoy un país con un empleo de mayor valor añadido, lo que ha provocado que las nuevas pensiones sean más altas sin que el aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social, ni los récord en la afiliación sean capaces de compensar ese efecto.

 

Las cifras de natalidad completan ese cóctel explosivo. En España, se ha pasado de tener 3,3 niños por mujer a 1,2 hijos.

"Se trata de tres problemas que actúan sobre una promesa que no ha cambiado, la del pacto entre generaciones, con un sistema especialmente rígido", concluye Díaz-Giménez, que propone "detener esta bola de nieve" y asumir los costes de transición que sean necesarios para adoptar un nuevo sistema con diferentes premisas.

Pacto entre generaciones

Mientras la política va aplazando el problema, los sucesivos Gobiernos se ven obligados a improvisar fórmulas para mantener un sistema e incluso, elevar sus costes, con medidas como la subida de las pensiones que tuvo lugar en 2019.

Al tiempo, van entrando en vigor algunas reformas poco populares, pero que tratan de paliar el déficit de la Seguridad Social. El 1 de enero de 2020 se impusieron nuevos requisitos para jubilarse y por ejemplo, aquellos trabajadores con menos de 37 años cotizados deberán esperar a cumplir 65 años y 10 meses para poder cobrar la pensión, según se estableció en la reforma de las pensiones del PSOE de 2013. 

Se trata de un avance hacia la sostenibilidad pero es insuficiente para organismos como AIReF que ya han pedido que se eleve la edad de jubilación los 67 años.

Ese tipo de medidas no son suficientes y el Gobierno tendrá que seguir buscando financiación a corto plazo para hacer frente a los pagos de las pensiones. Para ello existen dos vías que BBVA Reserch resumía en un reciente artículo publicado en su blog. La primera, la de las cotizaciones -con medidas como el polémico 'destope' de las cotizaciones máximas- y la segunda sería financiar el sistema a través de impuestos. Ambas opciones han sido ya exploradas por el Gobierno.

Mientras se buscan fórmulas, el mensaje que transmiten las autoridades es el de la calma: las pensiones se pagarán. Lo que tratan de evitar explicar es cómo se costearán, ni con cuánta emisión de deuda nueva. Unas emisiones que se acumulan en un país con una deuda pública que casi equivale a toda su riqueza nacional e incapaz de poner coto al déficit público, que este año volverá a subir tras siete años de trabajo por la consolidación fiscal.

En 2020, el debate seguirá marcando la actualidad informativa. Pero son pocos los expertos que confían en que eso sirva para consensuar un sistema sostenible en el tiempo. Y las reformas urgen, pues en esta nueva década comienzan las jubilaciones de la generación del baby boom.