La situación en las oficinas de empleo se agrava. A pesar de que el Gobierno asegura que solo hay problemas puntuales, los retrasos en el pago de las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se han recrudecido. Las demoras ya han llegado incluso a las nóminas de desempleo.

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Según ha podido saber Invertia, miles de españoles que han sido despedidos tendrán que esperar hasta tres meses para poder apuntarse al paro y cobrar sus prestaciones de desempleo. Así lo indican diversas fuentes, que alertan de que el problema se concentra en Madrid, Barcelona y Baleares.

De hecho, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de estas provincias están recibiendo apoyo de los centros de 22 provincias para poder abordar la situación. Aún así, las personas que piden cita para que se les registre en el paro afrontan retrasos de hasta 180 días.

Gerardo Gutiérrez, director del SEPE.

Hay varias causas para que se haya llegado a esta situación. Pero la más importante ha sido la irrupción, de nuevo, de miles de expedientes relacionados con los ERTE. Concretamente, 150.000 empresas que decidieron cambiar de fórmula de ERTE con la última prórroga y presentaron documentación nueva en octubre.

Esto ha producido un atasco en el manejo de las prestaciones que ha desembocado en nuevos retrasos en el pago de las prestaciones de ERTE y que han acabado afectando a la gestión el desempleo ‘normal’, produciendo importantes demoras en la gestión de nuevos parados.

Situación “delicada”

Manuel Galdeano, responsable del SEPE en CSIF, explica a Invertia cómo se ha producido el atasco. “Las empresas podían optar por dos formas de mantenerse en ERTE: permanecer en el que estaban o bien desistir y presentar documentación nueva” para una de las nuevas modalidades que acordó el Gobierno con los agentes sociales.

“Prácticamente todas” optaron por la segunda opción. ¿Por qué? "Por el incremento y mejora de las bonificaciones sociales", explica Galdeano. “Al más puro estilo de marzo y abril, 150.000 empresas presentaron documentación nueva”.

Una avalancha que obligó a las oficinas del SEPE a gestionar de nuevo las nóminas de “entre 720.0000 y 750.000 personas” afectadas por ERTE entre el 20 y el 31 de octubre, algo que no fue materialmente posible. “El mes que viene intentaremos que todas las nóminas estén regularizadas, pero no hemos tenido humanamente tiempo para hacerlo”, indica Galdeano.

De ahí que en las últimas semanas se está concentrando un doble drama que afecta a miles de personas: por un lado los afectados por ERTE que no han recibido su nómina (aunque la cobrarán en diciembre, junto a la que les corresponde por noviembre) y los trabajadores que han sido despedidos y que, por el atasco en las oficinas de empleo, no pueden apuntarse al paro. 

Sin recursos

Y el SEPE afronta esta situación con escasos recursos adicionales. Cabe recordar que los sindicatos avisaron de que el ‘parche’ de los mil contratos temporales no iba a servir para afrontar la situación que viven las oficinas de empleo a largo plazo.

En este sentido, Galdeano recuerda que el SEPE se enfrenta a una tarea titánica: gestionar las prestaciones de una media de cuatro millones y medio de personas.

Y es que, además de las nóminas de desempleo habituales y las de los ERTE, el personal de las oficinas de empleo está gestionando entre seis y siete subsidios adicionales habilitados por la crisis de la Covid-19.

Una oficina de empleo, en Madrid.

El refuerzo económico del SEPE se producirá de manera plena en 2021. El Servicio Estatal contará con 31.631 millones de euros, un 23,1% más que en 2020, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado

La situación amenaza con volverse más insostenible en los próximos meses. Como ha contado Invertia, numerosas empresas están devolviendo las bonificaciones sociales logradas por los ERTE para poder ejecutar ERE, lo cual hará que más personas se tengan que ir al paro en los próximos meses.

Con todo, y a pesar de estos vaticinios, lo cierto es que el empleo se sigue recuperando, a pesar de que muy lejos de las cifras de 2019. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vaticinado una subida de cotizantes de alrededor de 80.000 personas.