Rafael Catalá (Madrid, 1961) es el presidente del Centro Español de Mediación, un organismo impulsado por la Cámara de Comercio de España para buscar diálogos y acuerdos entre los agentes económicos en tiempos difíciles. 

Abogado y alto funcionario, fue ministro de Justicia entre 2014 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que también ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio de Fomento. En el ámbito de la gestión, antes de su paso por el Gobierno ocupó cargos directivos en Aena, fue secretario general de Codere y gerente del Hospital Ramón y Cajal. 

Conocedor del mundo de la política y de la empresa, considera que alcanzar acuerdos entre el PP y el PSOE lanzaría un mensaje "buenísimo" para la economía y que el desafío de Unidas Podemos al modelo constitucional es un lastre para los negocios.

El bloqueo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las maniobras que buscan desestabilizarlo, ¿dañan la imagen de España ante los inversores?

Uno de los valores que fortalecen la economía es la seguridad jurídica. Hay muchos estudios que demuestran cómo la estabilidad, la institucionalidad y la seguridad jurídica generan un ambiente atractivo para los inversores. Cuando los inversores internacionales deciden dónde situar sus intereses buscan rentabilidad, pero también garantías. Algunos mensajes dirigidos a atacar las instituciones tienen consecuencias en el plano económico.

Algunos mensajes dirigidos a atacar las instituciones tienen consecuencias en el plano económico

Los grandes capitales tienen una facilidad absoluta de movimiento, cuando ven inestabilidad política huyen de esos entornos porque tienen otros espacios donde situarse con rentabilidades financieras equivalentes y más garantías. Es preocupante que en índices como el Doing Business estemos retrocediendo porque los aspectos jurídicos, institucionales y políticos estén perjudicando a la economía. El binomio economía y seguridad jurídica está más que acreditado.

Noticias como la de que se juzgará de nuevo a Otegui o los posibles indultos a los presos procés, ¿también contribuyen a dar esa imagen al mundo económico?

Sí, también. España forma parte de los tratados y de los sistemas de derechos internacionales. Uno de los graves daños que está causando a nuestra democracia algún partido político que forma parte del Gobierno es el mensaje permanente de desconfianza en las instituciones, en la Monarquía, en el poder judicial, en las instituciones regulatorias de los mercados…

Uno de los graves daños que está causando Unidas Podemos es el mensaje permanente de desconfianza en las instituciones

La fortaleza que tiene nuestra democracia es la de las instituciones y si desde la política se cuestiona permanentemente la Justicia, la Monarquía, la lucha contra el terrorismo, la defensa de los derechos de las víctimas… sin duda, se está haciendo daño a la imagen, a la estabilidad y a la confianza. Y esto se traslada al ámbito económico.

Los empresarios defienden en voz alta a la Monarquía en un momento en el que errores del pasado le están pasando factura...

Hay que diferenciar las cosas. Por un lado, está el entramado institucional del que nos dotamos en la Constitución del 78, la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, el modelo territorial de las comunidades autónomas. Es un modelo que ha funcionado con éxito en los últimos 40 años. Luego están los comportamientos individuales.

Un comportamiento personal de un presidente de una comunidad autónoma, por ejemplo, no debería ser una excusa para atacar el modelo autonómico. Una cosa son las instituciones y otra, las personas, que tienen que responder de sus actos. El Rey don Juan Carlos ha prestado unos grandes servicios a España desde la Transición y nunca lo olvidaremos. Si al lado de eso, ha habido algún comportamiento impropio, tendrá que responder de ello.

Pero que Unidas Podemos pretenda usar eso para atacar el modelo institucional está fuera de lugar. Por eso, hacen muy bien los empresarios en defender la Monarquía como una forma de Estado que garantiza la estabilidad, la convivencia, el respeto a los derechos de todos los españoles. El Rey es el Rey de todos. Simboliza la continuidad y la permanencia del Estado y lo hace muy bien.

Hacen muy bien los empresarios en defender la Monarquía como forma de Estado que garantiza la estabilidad y la convivencia

¿Funciona bien en España la separación de poderes?

Tenemos 40 años de tradición democrática. Otras democracias nos llevan siglos de ventaja. Cuando hacemos un balance tenemos que hacerlo con esa perspectiva histórica y hemos sido un ejemplo en Europa y en Iberoamérica, donde se ha utilizado como modelo en muchos países.

La separación de poderes funciona razonablemente bien. Las reglas de juego que establece nuestra Constitución son muy razonables. Los constituyentes fueron capaces de armar un modelo que está funcionando muy bien.

En 2021, se espera una avalancha de concursos de acreedores que puede generar un colapso de los juzgados. ¿Hemos invertido poco?

La Justicia está organizada conforme a una demanda estable. Hay una litigiosidad de unos seis millones de asuntos al año, con una estructura territorial que conocemos. Conforme a esa demanda, se crean juzgados, se transforman… Esa es una labor cotidiana en el Ministerio de Justicia para adecuar la planta judicial a la demanda.

Cuando hay un pico, la organización judicial no está preparada. No tiene capacidades excedentarias, igual que los hospitales, las carreteras o los colegios. Con esta crisis, es previsible que cierren empresas y se presenten concursos. Los juzgados de lo mercantil pueden verse desbordados porque todavía están desnutriendo temas de la crisis de 2008.

Con esta crisis es previsible que cierren empresas, que se presenten concursos y los juzgados de lo mercantil pueden verse desbordados

Se pueden asignar jueces, incentivarlos… Hay instrumentos para salir al paso de un aumento de demanda puntual como el que vamos a vivir. Pero me temo que la cercanía en el tiempo de la resolución de conflictos se va a resentir en los próximos tiempos.

En este contexto, la labor del Centro Español de Mediación, ¿ayuda a reducir esa litigiosidad?

No solo el Centro Español de Mediación que es un instrumento creado por la Cámara de Comercio para abordar mediaciones civiles y mercantiles. Todas las instituciones de mediación, que hay muchas. Nos gustaría que la mediación, como institución, sea cada vez más útil y que tengamos capacidad de resolver problemas sin necesidad de acudir a los tribunales. Nos falta incorporar esa cultura a los ciudadanos y a las empresas. En muchos países, se usa con mucha naturalidad.

Nos falta incorporar esa cultura a los ciudadanos y a las empresas

¿Qué tipo de conflictos empresariales ha generado con la Covid?

De diversa índole. Hay muchos en el mercado inmobiliario por las relaciones de propietarios de inmuebles con los arrendatarios. Pero hay todo tipo de casuística. En el sector del turismo y el ocio se han suspendido eventos, vuelos, vacaciones… Son ejemplos en los que uno puede ir a un juzgado, pero la labor de un mediador ayuda a encontrar soluciones pactadas. 

¿La pandemia ha dado más protagonismo a este tipo de solución por el espíritu de la empresa de colaborar para salir de la crisis?

Así es. La mediación está detrás de una cultura de convivencia, de diálogo, de una sociedad moderna y plural. Esto no es el cuadro de Goya del Duelo a garrotazos, donde uno atiza a otro, hay un tercero que ayuda a encontrar una solución pactada que sea razonable.

La mediación está detrás de una cultura de convivencia, de diálogo, de una sociedad moderna y plural

En una mediación casi nunca uno consigue el 100% de la pretensión de una parte. Ambas partes ceden y en una crisis tan profunda, es un modelo razonable para solucionar los problemas entre todos. 

¿Ayudaría el desarrollo de la mediación para hacer de España un país más atractivo para hacer negocios y para dejar de caer puestos en el ranking 'Doing Business'?

En esa escala se valoran muchos aspectos, entre ellos, los modelos de resolución de conflictos. Que haya alternativas extrajudiciales a los conflictos, está valorado. Pero también la estabilidad jurídica, que no se revisen las leyes por cada Gobierno que llega. Eso da un mensaje de inestabilidad que temen los inversores. Marcos jurídicos estables, que generen confianza; eso es lo que valoran ese tipo de estadísticas.

Que cada Gobierno que llega revise las leyes da un mensaje de inestabilidad que temen los inversores

¿Cree que los dos grandes partidos deben buscar un consenso para el reparto de los fondos europeos?

Sin duda. Los principales partidos de Gobierno, el PSOE -que ganó las elecciones- y el principal partido de la oposición, el PP, tienen la obligación y responsabilidad de formular grandes pactos de Estado para los temas económicos, sociales, educativos, de salud pública…

Deberíamos tener la capacidad de alcanzar acuerdos entre los partidos llamados a gobernar en lugar de buscar alianzas exóticas en partidos que atentan contra la unidad de España, que no respetan los derechos de las víctimas, que no creen en nuestra Constitución... Hay que hacer un esfuerzo de diálogo y sería un mensaje buenísimo para la sociedad española y para los operadores económicos.

Deberíamos tener la capacidad de alcanzar acuerdos entre los partidos llamados a gobernar, sería un mensaje buenísimo para los operadores económicos 

Pero ¿es posible?

Lo ha sido en el pasado. Las instituciones han sido capaces. Hay que ver si las personas que están ahora al frente de esas instituciones también lo son. Pablo Casado ha ofrecido Pactos de Estado a Pedro Sánchez buscando esa institucionalidad. Más allá de que gobierne el PSOE, eso no quita que no se hable con el principal partido de la oposición sobre los problemas fundamentales de España.

¿Es necesario poner en valor la figura del empresario en España?

Soy funcionario desde joven, pero he trabajado fuera de la Administración. El Estado crea marcos regulatorios, pero quien crea riqueza y bienestar es el sector privado, son las empresas, los empresarios. Desde el sector público, hay que crear las condiciones para que el empresario desarrolle su actividad. Nadie conoce mejor los sectores económicos que ellos. Son ellos los que crean empleo.

Ahora que los fondos nos van a ayudar, los empresarios tienen que estar presentes. No puede ser una labor administrativa del Gobierno. Se pueden crear órganos mixtos entre Gobierno y sociedad civil. Lo están haciendo así todos los países de Europa. Empezamos a ser la excepción con un órgano político, burocrático, administrativo para distribuir los fondos y decidir a qué proyectos se asignan los recursos. El resto de países está poniendo a expertos, a empresarios, dando más participación a la sociedad civil.

Se pueden crear órganos mixtos entre el Gobierno y la sociedad civil para el reparto de fondos. Lo están haciendo así todos los países de Europa

Usted conoce bien el problema de la vivienda en España. ¿Cómo se puede abordar este asunto?

El parque de vivienda en España nos singulariza frente a Europa. Solo el 25% de la vivienda es de alquiler y en Europa, los porcentajes están más equilibrados. La intervención pública en la vivienda debería estar orientada a la edificación de vivienda para el alquiler y para favorecer el acceso a los jóvenes. Desde ahí, hay que crear marcos normativos que faciliten la actividad de los operadores privados. Habría que formalizar un pacto de Estado para el acceso a la vivienda de todos los españoles.

Habría que formalizar un pacto de Estado para el acceso a la vivienda de todos los españoles

Luego están los marcos normativos porque no puede ser que un Ayuntamiento tarde más de un año en dar una licencia. Las Administraciones no están para poner más problemas a los empresarios, están para garantizar el interés general. Y hay que ayudar a que las empresas puedan dinamizar el mercado de la vivienda y sobre todo, el orientado al alquiler.

El debate sobre vivienda se está centrando en dejar de pagar…

Ese es otro argumento que daña la confianza. Un inversor que constituye una socimi y ve que un partido que está en el Gobierno dice que no hay que pagar la vivienda o que el que tiene un patrimonio inmobiliario es un explotador y por tanto, no tiene que tener ningún retorno su inversión, pues no es una buena llamada. Eso de que los inversores son extractores de riqueza de las clases desfavorecidas son discursos de otros tiempos y de otros modelos económicos, como el comunismo, que no son propios de Europa Occidental.

Eso de que los inversores son extractores de riqueza de las clases desfavorecidas son discursos de otros tiempos y de otros modelos económicos

Pasa igual con lo de establecer los precios máximos a la vivienda. Es algo que no ha funcionado nunca. Pero cuando ha habido una política de construir vivienda para las clases desfavorecidas y los jóvenes, sí ha funcionado. Hay demasiados elementos ideológicos en la política económica que necesita España.

También estamos ante un cambio en la movilidad. ¿Cómo debemos repensar las ciudades?

Es sin duda, uno de los desafíos de futuro. La movilidad y la descarbonización. En términos de movilidad global, estamos bien posicionados gracias al esfuerzo inversor de los últimos años. Lo que nos queda es bajar a las grandes urbes y buscar soluciones que pasen por el uso intensivo del transporte público o el vehículo privado no contaminante. Esto no se va a hacer en dos años, pero hay que tener una estrategia a futuro.

¿Madrid representa la alternativa al Gobierno central?

En algunas políticas sí. El Gobierno central plantea seguir subiendo impuestos en este momento de crisis y la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en que la reducción de impuestos genera mayor capacidad recaudatoria. Madrid se convierte en una demostración de que otra manera de hacer política es posible, como lo ha sido también en la gestión de la pandemia.

Madrid es una demostración de que otra manera de hacer política fiscal es posible, como lo ha sido también en la gestión de la pandemia.

Cuando el Gobierno ha delegado a las comunidades autónomas las restricciones, la Comunidad de Madrid ha demostrado que se pueden tomar medidas que mantengan el comercio y la hostelería con los datos de contagio razonablemente bien. Madrid Ayuntamiento y autonomía demuestran que se puede gobernar de otra manera y que hay una política fiscal diferente entre los gobiernos del PP y otros.

¿Qué es lo que no debemos olvidar de esta crisis?

De todas las crisis hay que aprender. Tenemos un sistema sanitario extraordinario. Pero en materia de Salud Pública se habían dejado absolutamente los mecanismos de fortalecimiento de una política en toda España.

Tenemos que tener una política común. No puede haber modelos diferenciados por comunidades autónomas. Hay que fortalecer y tener capacidad de producción en esta materia. Necesitamos un Gobierno que ejerza responsabilidades y se ponga de frente cuando llegan las crisis. Un Gobierno que nos dé soluciones.

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