El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de control por parte de la Seguridad Social para comprobar los gastos de personal por parte de sus mutuas colaboradoras y cómo estas cargan a sus Presupuestos gastos como regalos, atención sanitaria, alquileres, o matrículas universitarias, sobrepasando incluso los límites pactados.
Además, en su fiscalización sobre estas entidades detecta retribuciones a empleados asociadas al aumento de clientes, lo que podría vulnerar la prohibición de actividades de aceptación a empresas asociadas o de trabajadores por cuenta propia establecida en la Ley General de la Seguridad Social.
Así lo manifiesta el Tribunal en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017', recogido por Europa Press. Las cuatro mutuas fiscalizadas son Mutua Fraternidad-Muprespa, Activa Mutua, Mutua Intercomarcal y Mutua Montañesa.
En él, señala cómo la aplicación de los convenios suscritos contradice principios y normas de gestión presupuestaria, habida cuenta de beneficios sociales que, recalca el Tribunal, "difícilmente tienen encaje en el fin último de las mutuas".
IRPF de alquileres, cestas de Navidad...
En su fiscalización detecta la existencia de beneficios, como cestas de Navidad, regalos de Reyes, pago del IRPF de alquileres, asistencia sanitaria gratuita, todo ello con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social.
Algo "cuestionable", a juicio del órgano fiscalizador, cuando las mutuas forman parte del sector público estatal, con un régimen que, subraya, "se asemeja más al del personal laboral de la Administración General del Estado que al de las entidades de seguros y reaseguros".
En sus conclusiones apunta a la responsabilidad de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social porque "no ejerció adecuadamente la función de dirección y tutela al no haber adoptado medidas correctoras".
Así, diez mutuas realizaron pagos por importes fuera de los límites máximos de las retribuciones, sin que la Seguridad Social hubiera detectado esta posible incidencia ni, por tanto, solicitara una justificación.
Por su parte, critica también que la Dirección General de costes de personal y pensiones públicas no comprobara si las cifras presentadas por las mutuas se correspondían con la de sus cuentas anuales, la ausencia de comprobaciones posteriores tras la autorización, y que carezca de información suficiente sobre las contrataciones de personal sanitario.
De las veinte mutuas colaboradoras, 17 de ellas superaron el aumento máximo del 1% establecido para el control de la masa salarial, tres de ellas situándose por encima del 8%. Así, encuentra "errores destacables en las autorizaciones de las mutuas de este gasto, de 211.000 euros en el caso de Activa Mutua, y de 467.000 euros en Mutua Fratenidad-Mupresa.
En el caso de Mutua Montañesa, el Tribunal detecta cómo a un antiguo presidente y a un antiguo director gerente se les reconocieron complementos de jubilación, con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social, aportaciones mensuales, incluido en metálico, para alcanzar el 80% de los ingresos percibidos en el momento de la jubilación, e incluso la continuidad de un complemento en favor de la viuda una vez hubiera fallecido como seguro de vida.
En Mutua Intercomarcal, el Tribunal encuentra pagos duplicados e importes por encima del límite establecido en la normativa interna, incluido el abono de ayudas a trabajadores sin que tuvieran reconocido este derecho, así como el pago de matrículas de grados universitarios, regalos de Navidad y de jubilación no previstos que, subraya el Tribunal, no debieron financiarse con cargo a la Seguridad Social.
Diferentes acciones
En Activa Mutua, una de las personas con responsabilidad ejecutiva contaba con retribuciones vinculadas al aumento de cuotas de mutualistas, lo que a juicio del Tribunal "parece razonable considerar que la vía para la consecución de dicho objetivo fue la captación de empresas, actividad prohibida".
En esta mutua, pero también en las otras tres fiscalizadas, encuentra actividades susceptibles de vulnerar la prohibición de realizar actividades de captación y fidelización, que pueden alterar la libertad de opción de empresarios y autónomos para asociarse o adherirse a la entidad.
Así, encuentran cómo el aumento de cuotas es un objetivo operativo, un "elevado" número de actividades con la gestión de forma presencial, un "excesivo" porcentaje de visitas presenciales sobre potenciales mutualistas para actividades "meramente administrativas" o existencia en algunas de ellas de pluses y complementos retributivos a un alto porcentaje de trabajadores.
Convenio único
Entre sus recomendaciones, el Tribunal pide ordenar a las mutuas, y establecer los controles necesarios para ello, que las mutuas carguen a la Seguridad Social beneficios sociales, gastos de comidas, desplazamientos u otros de los que se benefician directivos de estas entidades.
Asimismo, reclama que las relaciones laborales de estas mutuas se incluyan dentro de la aplicación del Convenio colectivo único para personal laboral de la Administración General del Estado o analizar con los sindicatos de un convenio colectivo propio.
También pide que los contratos de personal de alta dirección suscritos antes de 2015 se adapten al modelo vigente desde entonces, precisar normativamente la prohibición a las mutuas la realización de actividades que busquen captar y fidelizar empresas y autónomos