El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar para el próximo viernes al representante legal de Fomento de Construcciones y Contratas, investigada como persona jurídica por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

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Fomento de Construcciones y Contratas ha designado como representante para esa diligencia, que se celebrará el próximo viernes, al abogado Alfonso Iglesia, del bufete Cuatrecasas.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor también a citado a declarar para ese mismo día, en condición de testigo, a Timothy Scorah, representante de la sociedad panameña Aeon Group.

De acuerdo con las investigaciones del caso Odebrecht, Aeon fue creada por el banco andorreño BPA y habría sido utilizada para el pago de sobornos. Por sus cuentas pasaron 66 millones de dólares.

La investigación de la Audiencia Nacional se inició a raíz de una querella contra Rodrigo Tacia, asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht,  por un presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015.

Odebrecht se habría servido de las sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras,  a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que constituyó un consorcio con Odebrecht, liderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Según la Fiscalía, los indicios encontrados a lo largo de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, indican que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron un "esquema de corrupción repetido" que habría consistido en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y facturarlo  al doble de su precio.

El plan ideado habría sido financiar la compra de acero destinado al metro de Panamá por parte de Global Quality Steel, a la que FCC prestó anticipadamente 9,3 millones de dólares. Según la Fiscalía, ello se hizo "conociendo FCC y sus directivos que los precios de compras se iban a inflar, a sobrefacturar en más del doble de su precio de adquisición". Además, se compraron ficticiamente más toneladas de acero de las que en realidad se suministrarían a las obras del suburbano.

El suministro de acero sobredimensionado en precio y cantidad habría sido facturado a cargo del presupuesto del contrato público. De esta forma, el dinero para las dádivas destinadas a políticos y funcionarios panameños se habría obtenido a cargo del propio contrato público.