Roma, 6 nov (EFECOM).- El Gobierno italiano trata de convencer al líder mundial en producción de acero, ArcelorMittal, de que no se retire del acuerdo de compra del grupo siderúrgico Ilva, una decisión que pone en riesgo más de 10.000 empleos.
El Gobierno ha mantenido hoy una reunión de varias horas con los directivos de la compañía para analizar la situación, después de que el grupo haya anunciado su marcha atrás del acuerdo de adquisición de Ilva que firmó en 2017 y que se habría hecho efectiva el 1 de mayo de 2021.
La oposición ha aprovechado la situación para culpar al Ejecutivo, que dirigen el Movimiento 5 Estrellas y varios partidos del centroizquierda, de la posibilidad de que más de 10.000 personas pierdan sus empleos y uno de los principales sindicatos italianos, Fim Cisl, ha convocado este miércoles una huelga de 24 horas que finaliza mañana a las 15.00 locales (14.00 GMT).
El problema surgió el pasado 4 de noviembre, cuando ArcelorMittal, a través de su filial italiana AM InvestCo Italy, comunicó que quería retirarse del acuerdo de compra de Ilva y solicitaba a los administradores concursales de la planta que se hicieran cargo de ella en el plazo de un mes.
ArcelorMittal argumentó que existían dificultades para cumplir los compromisos contractuales, después de que el Parlamento italiano haya eliminado "la protección legal necesaria para que la compañía implemente su plan ambiental sin riesgo de responsabilidad penal".
ArcelorMittal gestiona en régimen de alquiler desde noviembre de 2018 la planta de Ilva, en Tarento (Apulia, sur), que llevaba casi cuatro años bajo administración concursal y muchos más con severos problemas económicos, y está previsto que sea de su propiedad en mayo de 2021.
Ilva contamina más de lo permitido desde hace años, pero dada su importancia económica y ocupacional, Italia aprobó en 2015 un "escudo" que protegería penalmente a los gestores hasta que redujeran los niveles de contaminación de la planta, sin interrumpir su actividad.
La medida se aprobó durante el Gobierno del ex primer ministro Matteo Renzi con el objetivo de que los administradores concursales que gestionaban la planta convencieran a un inversor privado de que comprara la instalación.
Pero el M5S, que ahora gobierna, siempre ha defendido la necesidad de cerrar la planta o al menos su descarbonización.
Un grupo de miembros de sus filas han reclamado desde hace un año que Italia debe limitar esta exoneración de responsabilidad y el pasado 3 de noviembre consiguieron que se eliminara en el Parlamento.
ArcelorMittal cree que sin esta garantía existe el riesgo de incurrir en delitos medioambientales, dadas las condiciones de la planta.
Su decisión ha sido criticado por el Gobierno, que argumenta que es una "excusa" y que detrás de su retirada se esconde una razón económica: que el mercado del acero está en crisis y que la planta ha resultado ser menos rentable de lo que se pensaba en un primer momento.
De hecho, según los cálculos de la financiera Morgan Stanley, ArcelorMittal incrementaría su flujo de caja libre anual en 1.200 millones de dólares (unos 1.080 millones de euros) si se retira de la compra de Ilva.