Madrid, 17 oct (EFECOM).- La patronal CEOE urgirá al nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre a reactivar la producción de vivienda en España y a reducir su fiscalidad, según el informe que ha elaborado bajo el título "La vivienda en España: Propuestas de mejora".
Los empresarios señalan que, tras la crisis de los últimos años, el sector de la vivienda presenta en la actualidad un notable dinamismo, y creen que la existencia de stock no debe marcar el ritmo de producción, sino que este debería determinarse en función de la necesidad de creación de hogares.
El documento, redactado por la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, con sus propuestas para la política de vivienda que el gobierno defina, aboga también por reducir la presión fiscal.
Según sus datos, un 25 % del precio total que una familia paga por una casa se destina a sufragar las cargas tributarias correspondientes a los diferentes niveles de la administración durante el proceso productivo.
Por ello proponen bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios, establecer el tipo de IVA reducido para las obras de rehabilitación de viviendas de particulares y que las ayudas y subvenciones no tributen como incremento patrimonial.
En esa línea, reclaman un tratamiento especial en materia de impuestos para las reformas de casas adquiridas como consecuencia de una herencia.
También piden la modificación del tipo de IVA en operaciones de cesión de uso o de derecho de superficie de suelos para la construcción de vivienda protegida, así como cambiar los parámetros que limitan el número de viviendas por habitante.
A su juicio, los parámetros de densidad clásicos ya no son válidos ni se ajustan a las exigencias técnicas actuales de eficiencia energética, por lo que sostienen que habría que ampliar las alturas entre plantas y que la superficie construida tendría que evolucionar a hacia superficie útil habitable.
Otras de las más de veinte propuestas generales de la patronal son: poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social retenido en manos de las administraciones públicas, incrementar la dotación presupuestaria para la promoción de vivienda protegida, incorporar la industrialización al proceso productivo para reducir costes y promover la formación de mano de obra para la construcción.