Madrid, 20 jun (EFECOM).- El secretario de Estado de Energía en funciones, dependiente del Ministerio de Transición ecológica, José Domínguez Abascal, ha asegurado este jueves que la subasta de interrumpibilidad para la industria electrointensiva, que se empezó a celebrar este lunes, "ha sido la última".
"El gobierno de España no tiene prácticamente mano" en la toma de esta decisión, ha asegurado Domínguez en declaraciones a Efe, ya que "la dirección general de competencia de la Unión Europea (UE) no permite que haya más subastas de interrumpibilidad".
"España sólo puede hacer en este terreno lo que dice la UE", por lo que "los problemas de la industria intensiva deberán resolverse por otros caminos".
Domínguez ha asegurado que el Ministerio de Industria, el de Transición Ecológica y los diferentes actores del sector "están trabajando en un estatuto de la industria electrointesiva" desde el mes de abril, que va a sustituir a la subasta de interrumpibilidad. "No terminarán las subastas sin que tengamos listo el estatuto", ha tranquilizado al sector el secretario de Energía, aunque "no nos atrevemos a dar una fecha" de cuando estará listo.
"El sistema de subastas se ha internacionalizado, no podemos hacer una subasta diferente a Dinamarca por ejemplo", ha detallado Domínguez, y "necesitamos hacerlo de una forma simple y atractiva".
"Queremos quitar riesgos al promotor", ya que "el objetivo es reducir el precio de la electricidad".
José Domínguez ha inaugurado el Encuentro Eólico Anual, en donde ha asegurado que el reto del gobierno es llegar en 2050 a una neutralidad climática (que se basa en una economía que no tenga impacto en el calentamiento).
Para ello, ha anunciado que el objetivo es "alcanzar los 57 gigavatios (GW) de renovables en 2030", lo que supone la suma de "dos gigavatios de potencia cada año", de los que más del 40 % serán de origen eólico y casi el 50 % serán de origen fotovoltaico.
"España está en el camino correcto" en cuestión de transición ecológica, y ha puesto como ejemplo el proyecto de ley del plan nacional integrado de Energía y Clima que, "según la opinión de la UE, es lo que hay que hacer", pero que no se ha podido llevar a cabo debido al fin de la legislatura.