Madrid, 28 may (EFECOM).- La relación laboral y las condiciones de trabajo de sus repartidores han colocado bajo la lupa a plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Ubereats, operadores de un sector que en España crece a doble dígito.

La muerte el sábado de un repartidor en Barcelona y el juicio que afronta Deliveroo este viernes 31 por el supuesto uso de "falsos autónomos", han situado a estas empresas en el disparadero, mientras sus esfuerzos se centran en reclamar a las autoridades un nuevo modelo laboral que conjugue "flexibilidad y seguridad".

Aunque no hay cifras oficiales, el número de repartidores para estas plataformas supera ya los 10.000 -UGT eleva los cálculos a 17.000-, con Glovo como firma líder al menos en este capítulo con 7.000 "riders".

Deliveroo asegura que cuenta con unos 1.500 "colaboradores" y que recibe 600 solicitudes de alta "por semana", mientras que un portavoz de Ubereats ha declinado facilitar datos.

Estas dos últimas firmas sólo dan servicio a restaurantes, el motor que mueve el sector, mientras que la española Glovo ofrece envíos de todo tipo, aunque el 80 % de su negocio se centra en comida.

Otro operador clave es Just Eat, que hasta hace sólo unos meses no se encargaba del reparto y ha comenzado a hacerlo para diversificar su negocio.

Sin embargo, vista la polémica creada, ha apostado por subcontratar el servicio a firmas especializadas.

"Existe un marco regulatorio y hay una serie de grises. Nosotros no nos la vamos a jugar entrando ahí", apuntó su nuevo director general en España, Patrick Bergareche, hace una semana.

Más dura es la posición de Glovo y de su cofundador Sacha Michaud, quien ha acusado al Gobierno español de "persecución" a algunas tecnológicas y habla de un "ataque frontal" al sector del reparto, perpetrado "a través de la Inspección de Trabajo".

Este organismo ya ha levantado actas en contra de estas compañías y ha llevado varios casos a los tribunales, aunque por el momento las primeras sentencias publicadas son contradictorias y hay fallos en uno y otro sentido.

Desde Deliveroo instan al Ejecutivo a iniciar una mesa de diálogo y piden tomar como referencia el modelo francés.

Su nuevo director general en España, Gustavo García, ha asegurado que la empresa querría "hacer más cosas" por los repartidores, pero con la normativa actual le podría generar problemas legales al difuminar aún más "la barrera entre el autónomo y el no autónomo".

Los responsables de Ubereats, por su parte, han incidido en que la "flexibilidad" es un concepto valorado por este colectivo e instan a la administración a entender que existen "nuevas realidades" a las que hay que adaptar la legislación.

Varias de estas plataformas subrayan que ya ofrecen algún tipo de seguro privado a los repartidores para protegerles en caso de accidente o baja, y calculan que de media éstos trabajan unas 20-25 horas semanales, con unos ingresos mensuales de entre 800 y 1.000 euros brutos.

Sindicatos y colectivos de "riders" consideran a estas empresas el ejemplo perfecto de la "precarización" del trabajo y recuerdan el peligro que entraña esta actividad, sobre todo por los accidentes de tráfico.

Pese a todo, el negocio sube con fuerza: los pedidos de comida a domicilio a través de Internet en España generaron en 2018 un gasto de 600 millones de euros, cifra que aumentará un 50 % para 2020, de acuerdo con un estudio de la consultora NPD.

Reflejo de ello son las millonarias rondas de financiación completadas por estas plataformas, pese a que en el sector es "vox populi" que conseguir ser rentables todavía es un desafío.

La muerte de un repartidor el sábado cuando entregaba un pedido de Glovo -la compañía ha asegurado que no estaba inscrito como colaborador e investiga si trabajaba con la cuenta de un tercero- ha provocado protestas en Barcelona contra la empresa.

Las miradas también se dirigen al juicio del viernes iniciado a instancias de la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid contra Deliveroo, a la que reclama el pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones por considerar que más de medio millar de sus repartidores son "falsos autónomos".

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