Madrid, 1 abr (EFECOM).- El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha reiterado este lunes la voluntad del Gobierno de aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo antes de que acabe la legislatura, el próximo 29 de abril, "a pesar de que el calendario es muy exigente".
Representantes del Ministerio de Industria y de Transición Ecológica se han reunido con asociaciones empresariales y sindicatos para poner en común el escenario relativo a este estatuto, una vez cerrado el periodo de alegaciones al texto presentado por el Gobierno, ha informado Industria en un comunicado.
Según Blanco, las asociaciones y los sindicatos han valorado "el esfuerzo del Gobierno por seguir dialogando con el sector para lograr un estatuto que da prioridad a este tipo de industrias, y que aspira a reforzar su competitividad y a colocarla en buena posición de cara a las inversiones de los próximos años".
Ha añadido que el Ejecutivo es muy receptivo a la voluntad de colaborar que han mostrado las asociaciones empresariales y sindicatos con las alegaciones, principalmente técnicas, que han presentado y que están vinculadas a la caracterización de las empresas y a la contratación bilateral a largo plazo.
Asimismo, ha indicado que el Gobierno está abierto, en función de la disponibilidad presupuestaria, a la posibilidad de alcanzar la dotación de 200 millones de euros para compensar a estas industrias por los costes de emisiones indirectas de CO2 que permite la UE.
En la reunión han estado representadas las asociaciones Oficemen, Unesid, Feique, AEGE, AOP, Aspapel y ANE, y los sindicatos CCOO y UGT-FICA.
El proyecto de real decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria, prevé mecanismos de apoyo para estas industrias y les obliga a mantener la actividad al menos tres años a partir de la fecha de la concesión de los mecanismos de ayuda, salvo en determinadas situaciones de crisis.
Las asociaciones de las grandes industrias consumidoras de electricidad, así como los sindicatos, lamentaron, en sus primera reacciones, la falta de ambición del Estatuto para abordar la factura energética que soportan estas empresas en España respecto a sus competidores europeos.