Madrid, 20 mar (EFECOM).- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha valorado este miércoles el borrador del real decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, aunque lo ha considerado "insuficiente", ya que su impacto real será mínimo.
Tras el anuncio del cierre de algunas plantas en otoño de 2018, el Gobierno ha trabajado intensamente para cumplir el mandato recibido de la Ley 20/2018 de 7 de diciembre, y aprobar en seis meses el Estatuto, ha reconocido la patronal en un comunicado.
Sin embargo, su publicación "ha roto las esperanzas de la industria española para acercar sus condiciones de suministro eléctrico a las que gozan sus competidores europeos".
En opinión e la asociación, no soluciona el grave problema que sufren las empresas que precisan un precio eléctrico competitivo para seguir produciendo y aportando a la economía española, aunque "en sí mismo es un avance y abre un camino a implementar soluciones adecuadas, alineadas con las que tienen sus competidores europeos", ha agregado.
Las medidas que contempla el borrador "no llegan a compensar el elevado diferencial del coste energético de un industrial español en referencia a sus mayores competidores" que se sitúa en 20 euros por MWh más que el de sus colegas franceses y de 25 euros más que el de los alemanes.
Las dos primeras medidas incluidas en el borrador, para eximir la financiación de la interrumpibilidad y la reducción de los pagos por capacidad, suponen transitoriamente para la industria electrointensiva, un descuento inferior a dos euros por MWh, "muy lejos" de los 20 y 25 euros citados.
En cuanto a la compensación por el CO2 indirecto, es "claramente inferior" a los 200 millones de euros anuales ya autorizados por Bruselas hace unos días.
Además, AEGE ve con preocupación el posible incremento de precios eléctricos, superiores a esos dos euros por MWh, que la eliminación de la suspensión temporal del impuesto a la producción pueda suponer a partir del próximo 1 de abril.
Para la asociación, es preciso que el estatuto "proporcione seguridad jurídica y certidumbre" para garantizar la inversión de estas industrias en innovación y mejora de eficiencia energética, junto con la necesaria competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias.