El Ayuntamiento de Madrid se ha cansado de la diplomacia, de las reuniones y los acuerdos verbales con las contratas de la limpieza de la ciudad (constructoras todas ellas), adjudicatarias a mediados de 2013 de los contratos integrales que diseñó el equipo de Gobierno de Ana Botella. Tras los pactos de septiembre, la alcaldesa, Manuela Carmena, aseguró que confiaba en la palabra de las empresas para que anulasen los expedientes de regulación de empleo y se esforzasen en tener limpia la ciudad. La realidad es que aquellos acuerdos no han servido para otra cosa que para mantener una parte importante de las calles de la capital sucias.
Especialmente grave fue la situación en los complicados días de fin de año, cuando algunas de las contratas (las de OHL y Sacyr, en concreto) reactivaron durante varias jornadas el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que iniciaron al poco tiempo de adjudicarse los contratos (FCC no lo reactivó y Ferrovial nunca tuvo ERTE) precisamente cuando se acumulaba más basura en las calles derivada de las fiestas a la que se unió la caída precipitada de la hoja, retrasada este año por las altas temperaturas que se han mantenido hasta diciembre.
El área de Medio Ambiente del Consistorio, con Inés Sabanés en cabeza, ha estado estudiando estos días la situación y ha tomado una decisión:"Los contratos integrales de limpieza, y el último de renovación de residuos, serán sometidos a un proceso de investigación urgente y prioritaria".
La intención, no lo niega el Ayuntamiento, "si la situación permanece y se halla base jurídica para concluir este modelo de gestión (...) se podría iniciar la resolución de los contratos". La importancia de la base jurídica es alta, porque de no hacerse con un claro soporte legal el Ayuntamiento de Madrid se expone a tener que indemnizar a las contratas con el lucro cesante, es decir, el beneficio no obtenido tras la rescisión de los contratos, una cifra que puede dispararse teniendo en cuenta que la adjudicación es hasta el año 2021 y por un monto total de 1.943 millones de euros.
De momento, agarrándose a los pliegos de adjudicación, el equipo de Sabanés cree haber encontrado la base que necesita en la parte que se refiere a cuando se da una situación de "imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en los mismos términos".
Por qué Madrid está sucio
Los motivos principales que han provocado que Madrid se encuentre en su estado actual derivan de cómo se configuraron los contratos integrales de limpieza. La clave principal está en que se pretendió lograr un fuerte ahorro dados los enormes costes financieros que sufría la ciudad derivados de su inmensa deuda (llegó a superar los 7.000 millones de euros). Para ello se primó por encima de todo la oferta económica, eliminando otros parámetros como la obligación de ofertar una plantilla determinada en el concurso, un parámetro que fue sustituido por los llamados indicadores de calidad. Si estos se cumplían, daba lo mismo que fuese una sola persona la que le pasase el escobón a toda la capital. Ahora bien, si se incumplían, el riesgo para las adjudicatarias tampoco era excesivo, puesto que como mucho se las podía penalizar con un 20% de la cuota. Aún así, asegura el Ayuntamiento, las adjudicatarias dieron en sus ofertas estimaciones de plantilla a las que también podría agarrarse el consistorio para aducir incumplimiento.
Hay más. Desde mediados de 2013, las empresas encargadas de la limpieza viaria no están obligadas a pasar por todas las calles a diario, solo por aquellas a las que se dio carácter de eje principal. Madrid se dividió en calles más y menos importantes y estas últimas debían limpiarse no a diario, sino con "la frecuencia mínima necesaria para mantener las condiciones adecuadas de salubridad y adecuación del espacio público en todo momento", según el Pliego de Prestaciones Técnicas del contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza.
Los indicadores de calidad, asegura el equipo de Sabanés, no han resultado un método efectivo no sólo por los argumentos citados. Ni siquiera se diseñó una plantilla de inspectores suficiente (son en torno a 300 y los fines de semana se quedan en menos de la mitad) para ejercer adecuadamente el control de la limpieza.
La multa de Competencia
Todos estos puntos pueden servir al Ayuntamiento para revisar el contrato pero hay algo que quedó pendiente de estudio por parte del equipo de gobierno de Botella que se prometió y de lo que nunca más se supo.
Hasta agosto de 2013, la limpieza viaria de Madrid estaba externalizada en 39 contratos, con una división en 21 distritos y 6 PAU. Con los nuevos contratos Madrid se dividió en seis zonas o lotes en un macroconcurso blindado para que solo pudieran participar empresas de gran tamaño que hubieran participado del negocio en los ejercicios previos.
Las adjudicatarias fueron Cespa (filial de Ferrovial), Valoriza (filial de Sacyr), OHL y FCC. Si la intención del Ayuntamiento era ahorrar al menos 650 millones con respecto a los contratos anteriores, las ofertas aún se situaron muy por debajo del precio máximo (como se ve en el cuadro de la parte superior). Quedó fuera curiosamente Urbaser (filial de ACS), la que había hecho el proyecto piloto y la que, a pesar de conocer los costes de prestar el servicio o probablemente por ello, presentó la oferta más alta. La empresa de Florentino Pérez amenazó con impugnar el concurso pero nunca lo hizo. Meses más tarde, Urbaser recibió la adjudicación del Selur, el servicio público de limpieza urgente, por 61 millones de euros.
El 8 de enero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba con 98 millones de euros a un amplio grupo de empresas por haberse repartido el mercado de contratos públicos y privados de gestión de residuos, recuperación de papel y cartón, limpieza viaria y aguas en España. El 75% de las multas son para Urbaser y Sertego, de ACS (23,3 millones); FCC (16,8 millones); Valoriza, de Sacyr (15,3 millones); Cespa, de Ferrovial, (13,6 millones), y Saica (13,6 millones).
La CNMC investigaba desde 2012 y lo hizo con la colaboración de los ayuntamientos, lo que indicaba a priori que el Consistorio de Madrid conocía el riesgo y siguió adelante con el proceso. Esto hizo que el equipo de Botella viviese un tenso pleno el 10 de febrero de 2015 en el que, según las actas, el entonces concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito (PP), reconoció que sabían que las empresas "estaban siendo investigadas y estábamos cooperando al respecto". El Ayuntamiento de Botella se comprometió entonces a elaborar un informe para saber si, conocida la multa, cabía algún tipo de medida. Nunca más se supo.