Habrá más dinero para las empresas provenientes de los fondos Next Generation. España acaba de recibir el visto bueno de la Comisión Europa a una adenda muy técnica que supone un ingreso extra de 10.300 millones de euros en transferencias adicionales provenientes de los fondos Next Generation EU y el programa Repower EU para ejecutar programas en los ámbitos de la energía, la agricultura y alimentación, la industria, la tecnología y la digitalización. Hasta ahí todo más o menos igual, pero es que además, con esta adenda se inicia la movilización de los 84.000 millones en préstamos del PRTR, los cuales se ejecutarán a través de los PERTE y de un conjunto de 12 fondos orientados a varios ejes, y en especial a la transición energética.
Para la ejecución de estos préstamos hay buenas noticias: será el ICO el encargado de poner en circulación el dinero a través de acuerdos de colaboración con la banca comercial, lo que sin duda es garantía de rapidez y de solidez técnica. Pero también existen algunos riesgos que deberían resolverse cuanto antes: ¿a qué precio bonificado se van a dar estos préstamos a las empresas? Si el precio no resulta atractivo las pymes preferirán canalizar sus solicitudes a través de sus canales tradicionales para ahorrarse el papeleo y el control. No debemos olvidar que se trata de fondos europeos y que, aunque son ayudas reembolsables hay condicionalidad, está la Comisión Europea detrás y hay que respetar una compleja arquitectura de procedimientos previamente establecidos.
Otro tema que puede llegar a ser un problema es el del examen de los proyectos. Fundamentalmente la inversión se va a concentrar en las inversiones verdes: eficiencia e infraestructuras energéticas, movilidad, sostenibilidad, etc., y esto requerirá de algún examen o control previo (o tal vez ex post, sería lo deseable para ir más rápido) para que nadie tenga la tentación, de, por ejemplo, comprarse un coche nuevo o reformarse la casa con el dinero que Europa nos da para transformar radicalmente nuestra economía. Cómo se va a hacer ese examen y cómo se va a llevar a cabo ese control son incógnitas no despejadas aún, pero todo parece indicar que el Tesoro se ha fijado en la buena experiencia del Kit Digital y hay un proyecto de digitalización de todo el on boarding. Es necesario. Si la muralla burocrática es muy elevada y el incentivo no es muy alto la demanda no será la esperada.
Las Comunidades Autónomas van a tener un rol esencial en la distribución de estos fondos a través de diferentes instrumentos financieros, como el nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica, que, dotado con 20.000 millones de euros, financiará inversiones sostenibles en las regiones en sectores como los de la vivienda, el agua, o la I+D, entre otros. Se trata de una inversión histórica a través de las CC.AA, así que los ICF, IVF, IGAPE, SODERCAN y otras tantas agencias regionales muy activas en la financiación de la innovación y la reconversión industrial contarán con un nuevo mecanismo para revolucionar sus economías regionales en tiempo récord: nada sería más exitoso que ser capaces de inyectar estos fondos de forma inteligente en el menor tiempo posible.
¿Serán capaces las CC.AA de diseñar un proceso homogéneo para que las empresas no tengan que manejar diecisiete manuales? La lógica de la inversión no conoce fronteras y tiene poco sentido que esto se haga como casi siempre, de forma fragmentada e ilógica. Igual podrían acogerse a lo que monte el ICO, por poner un ejemplo.
Las empresas aguantan sus inversiones a la espera un mayor incentivo
En un reciente estudio de WeGrant se le preguntaba a más de 3.000 empresas por sus planes de inversión para los próximos meses con la intención de casar esa planificación con el mapa disponible de ayudas públicas. El dato clave es este: más del 80% de las pymes están a la espera de un incentivo mayor por parte del ecosistema de ayudas públicas para ejecutar más de dos mil millones de euros en inversiones.
Una gran mayoría de las empresas quiere hacer compras de maquinaria y tecnología, principalmente, así como de transformación energética y sostenible de sus negocios. Se identificaron más de dos mil millones de euros en inversiones que las empresas harían si fueran más accesibles las ayudas, y eso es positivo, pero también hay sombras: una inmensa mayoría de las compañías moverá estos planes de inversión a 2024, a ver qué pasa.
Con la parte no reembolsable de los Next Generation se puede conseguir que estos proyectos se implementen con mayor rapidez, que se galvanice la transformación energética y digital de nuestra economía y que el PIB aumente al menos en tres o cuatro décimas. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacerlo?
