En toda España hay en tramitación alrededor de 300 plantas de biogás, que suponen una inversión de más de 4.000 millones de euros a nivel nacional. Sólo en Andalucía, la administración confirmó en 2025 un total de 71 proyectos en tramitación, diez de ellos muy avanzados, con inversiones de más de 1.000 millones de euros en cartera.
El principal obstáculo que están encontrando las nuevas plantas es un asunto que el sector no esperaba hace pocos años, cuando comenzaron a moverse las iniciativas: una fuerte respuesta vecinal por el temor a olores y molestias cerca de sus casas.
Y eso, a pesar de que el biometano es una tecnología ya madura y testada. Este año, sin embargo, hay unas 25 plantas operativas en España, frente a las más de 2.000 de Europa
AGR Biogás ha comenzado a inyectar en la red gasista andaluza biometano producido a partir de subproductos y residuos de la ganadería y la agricultura en La Calahorra (Granada).
Y Veolia confirmó la primera inyección de biometano, generado a partir de la recuperación de residuos industriales en la red, en las instalaciones de Gunvor, en Palos de la Frontera (Huelva).
La asociación española de biogás, Sedigas, estima una inversión media de entre 15 y 17 millones para cada una de estas plantas. Hay proyectos pequeños que apenas llegan a los 10 y hay instalaciones mayores o más complejas que se van hasta los 40.
El número de proyectos en tramitación hay que tomarlo con prevención. Unos no prosperarán por cuestiones económicas, sociales, técnicas, o burocráticas, pero el interés de empresas e inversores por nuevas iniciativas crece rápidamente.
En el sector destacan que es una tecnología madura en Europa, donde está plenamente extendida desde hace años. Y que se genera energía verde apoyando a los productores agroganaderos locales para gestionar residuos y subproductos.
Un claro ejemplo de economía circular, aseguran: lo que es del campo vuelve al campo creando empleo y riqueza en el territorio.
Las plantas generan gas mediante la digestión anaeróbica de materia orgánica de la agroindustria. Además de esta fuente de energía, se obtiene un subproducto, el digestato, con usos agrícolas.
Con dos matices nada despreciables en el actual contexto internacional: el de la soberanía energética y el de la descarbonización de la economía.
Hay potencial en la biomasa y la industria agroganadera para sustituir buena parte del gas natural de origen fósil que España importa actualmente de Argelia, Estados Unidos y Rusia por biogás producido a partir de materia prima renovable y nacional.
Apoyo institucional
El interés económico y estratégico por esta energía renovable ha suscitado el apoyo de los gobiernos nacional y autonómico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), estableció en 2022 una estrategia con 45 medidas para cuadruplicar la producción de biogás y biometano hacia el horizonte de 2030.
El MITECO ha lanzado además este año a consulta pública un Real Decreto para fijar, por primera vez en España, una obligación o cuota mínima de venta de biometano para las comercializadoras de gas natural, con el fin de garantizar una demanda estable.
Por otra parte, el Gobierno también está elaborando un plan nacional de fertilizantes que tiene precisamente en las fuentes alternativas a las tradicionales uno de sus pilares.
Situaciones internacionales como la provocada por la crisis de Ormuz, por donde pasan más del 30% de las materias primas de fertilizantes de síntesis a nivel global, han puesto de manifiesto la importancia de la soberanía en insumos agrarios.
En Andalucía, la Junta impulsó a principios de 2025 la Alianza por el Biogás y el Biometano, con 90 entidades adheridas entre empresas, universidades y centros tecnológicos.
La Alianza está actualmente redactando una Hoja de Ruta que marque los pasos que debe dar el sector.
Así que podría parecer que Andalucía y España viven el comienzo de un idilio con el biometano.
Oposición
Sin embargo, el anuncio de buena parte de los proyectos de biometano en tramitación ha provocado una reacción en contra de colectivos vecinales y ecologistas, en forma de alegaciones o incluso de movilizaciones sociales.
El reguero de ‘puntos calientes’ en Andalucía es interminable: Baena (Córdoba), Mengíbar, Alcalá la Real o Martos (Jaén) son algunos ejemplos de una situación que se extiende por localidades de Castilla La-Mancha y Castilla y León, principalmente.
La oposición se ha constituido en plataformas. Argumentan que las plantas les provocarán molestias por olores y tráfico y alegan también riesgos de seguridad y ambientales.
“Nos preocupa la posibilidad de que este tipo de instalaciones generen malos olores, incrementen el tráfico pesado por nuestras carreteras, aumenten la presión sobre los recursos hídricos y alteren el equilibrio ambiental de una comarca cuya principal riqueza es precisamente su territorio y su actividad agrícola”, reza un manifiesto de la plataforma de Valdehornillos, en Badajoz.
Es un patrón que se repite. Critican las iniciativas con el calificativo ‘macro’, y también por la participación de grandes empresas y fondos. Aunque a veces los argumentos no son muy elaborados: “No queremos en nuestro pueblo la mierda de los demás”.
La tramitación administrativa, sin embargo, desmonta estos temores. Las plantas de biometano deben superar estrictas condiciones de seguridad y respeto al entorno para ser aprobadas.
Las plantas modernas incluyen el tratamiento de la materia prima (purines, gallinaza, alpeorujo fundamentalmente) en espacios estancos para evitar fugas de olores. Una solución que también se aplica a la gestión del subproducto, el digestato.
Los proyectos incluyen además soluciones de desodorización, aislamientos acústicos y pantallas vegetales para minimizar su impacto y salvar la tramitación ambiental.
La dilatada experiencia en múltiples países europeos confirma, además, que se trata de una industria sin antecedentes de incidentes de seguridad, capaz de convivir pacíficamente con las comunidades del entorno.
En Andalucía, las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y las cooperativas han expresado su apoyo al biometano como una gran oportunidad para la economía rural.
Organizaciones empresariales en las provincias de Córdoba y Jaén también apoyan al sector.
La presión vecinal, sin embargo, sí ha tenido efectos en la política local. Hay alcaldes que se están posicionando contra las plantas con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027 y parte de los permisos necesarios los deben otorgar los ayuntamientos.
