Excedentes de patata francesa de baja calidad y bajo precio inundan el mercado español, desplazando la cosecha nacional.
Los agricultores españoles venden su patata recién cosechada a pérdidas, mientras hoteles y restaurantes aprovechan el boom turístico.
Las importaciones de patata francesa han crecido un 33% en diez años y ya suponen el 73,7% de la patata importada en España.
COAG exige controles más estrictos, etiquetado claro del origen y promoción de la patata nacional para proteger a los productores locales.
"La tortilla de patata deja de ser española", alerta COAG. La patata vieja francesa de conservación, “un excedente de baja calidad”, copa el mercado a 15 o 20 céntimos el kilo.
Mientras, la patata española recién cosechada en el campo de Cartagena y Andalucía se queda sin salida en el canal Horeca a pesar de venderse a pérdidas a 25 o 30 céntimos.
"Los hoteles, bares y restaurantes de toda España viven uno de sus mejores junios en años, pero los agricultores que producen la patata con la que se hacen las tortillas están al borde de la ruina”, explica el responsable de patata de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, Alberto Duque.
“Excedentes franceses de segunda calidad a precio de derribo, boom de consumo en hostelería por temporada alta de turismo, y una estrategia coordinada de almacenistas y grandes operadores que ha dado la espalda al producto nacional justo cuando más se necesitaba”, resume.
Es una situación que se viene produciendo desde hace años pero que se está agravando.
Según datos de COAG, las importaciones de patata francesa han crecido un 33% en diez años, de 708.000 toneladas en 2016 a 941.000 en 2025.
En solo un año, de 2023 a 2024, el salto fue del 23,5%, hasta las 955.870 toneladas, el máximo histórico de la serie. Hoy, casi tres de cada cuatro kilos de patata importada en España proceden de Francia, el 73,7%.
La organización hace las cuentas: con el gasóleo agrícola un 50% más caro que hace un año y los fertilizantes nitrogenados entre un 40% al alza por el efecto de la guerra en Irán), los costes superan los 35 y 40 céntimos.
Así que cada tonelada vendida es una pérdida neta de entre 100 y 150 euros para el agricultor.
Por todo ello, COAG reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actúe con urgencia, reforzando los mecanismos de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que se establezcan unos precios justos por encima de los costes de producción reales.
Exige además un etiquetado claro y visible del origen y la condición del producto (nueva/conservación y país de procedencia), para que el consumidor pueda tomar decisiones de compra informadas. Y promoción para el producto nacional.