La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, que cite a declarar como investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por presuntos delitos de cohecho y relevación de secretos en relación con la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de la eléctrica.
En un escrito de 25 folios presentado en el Juzgado este martes, la Fiscalía considera que existen "numerosos indicios" de la contratación de Villarejo por parte de Iberdrola para la realización de investigaciones en las que se habría recurrido a procedimientos ilegales.
Según Anticorrupción, existen indicios de que Galán habría tenido conocimiento y autorizado la contratación de Villarejo. La empresa del expolicía, llamada Cenyt, recibió un total de 1,1 millones de euros entre 2004 y 2017 por servicios contratados por el exdirector de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, también investigado en el procedimiento judicial.
Ahora, el presidente de Iberdrola se suma a la lista de directivos del Ibex que ya han tenido que pasar por la Audiencia Nacional por el caso Tándem, como el presidente de Repsol, Antonio Brufau, o el expresidente de CaixaBank Isidro Fainé.
La Fiscalía también pide la citación como investigados de Francisco Martínez Córcoles, actual director general de negocios de Iberdrola; Fernando Bécker, que fue máximo responsable e Iberdrola España hasta 2018, y Rafael Orbegozo, exdirector del gabinete del presidente de la compañía, cargo que dejó en 2017.
Esperada
La citación de Sánchez Galán era esperada. El pasado 25 de mayo, la propia compañía dirigió un escrito a la CNMV para comunicar su decisión de "poner a los administradores y empleados de la Sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso".
Iberdrola se quejó de que "lleva sufriendo, en relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional".
La investigación a Iberdrola en el seno del macroproceso Tándem -en el que se investigan numerosas actuaciones de Villarejo con instituciones, empresas y particulares- comenzó en octubre de 2019.
Las pesquisas abarcan diversos hechos, como la contratación del excomisario para investigar el patrimonio de un empresario rumano deudor de la compañía o la actuación de Villarejo para neutralizar la resistencia a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El juez también sospecha que Villarejo habría investigado a Florentino Pérez -que está personado como perjudicado- en dos proyectos llamados Gipsy y Posy.
El primero, que habría sido encargado a principios de 2009, tendría por finalidad verificar si un directivo de Iberdrola, J.M.A., "es receptor de comisiones y si existió acercamiento con el entorno de FLO, con el fin de recabar datos sensibles que afectasen al Presidente de IB", según anotaciones de Villarejo intervenidas cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
En un posterior documento llamado Gipsy-Informe definitivo, fechado el 14 de abril de 2009, se concluía que no se ha acreditado que el empleado de Iberdrola hubiera facilitado información sensible de la empresa a terceros, en concreto al presidente de ACS, haciendo una mención a que "una fuente de toda solvencia del círculo muy cercano de FLO ha coincidido con el análisis de los datos manejados [por Villarejo] respecto a que FLO y su entorno mantienen un estrecho cerco sobre las actividades del Pres.de IB y no dudan en manejar un elevado nivel de medios para rastrear hipotéticos puntos débiles para emplearlos en su contra".
El proyecto Posy habría tenido por objeto obtener "cualquier dato o circunstancia de interés sobre FLO y/o su equipo humano que pudiera ser empleado en un escenario de conflicto", en particular información sobre "acciones irregulares" de Florentino Pérez en la época en la que pugnaba por entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola.
Además, en esta pieza del caso Tándem se investigan supuestas operaciones triangulares para pagar a Villarejo a través de otra sociedad, Casesa, que es la que habría girado las facturas a Iberdrola con la presunta finalidad de que Cenyt no apareciese.
Así lo denunció en el Juzgado un antiguo controller, José Antonio del Olmo, que presuntamente se apropió y guardó durante años documentos de Iberdrola, por lo que está denunciado por la compañía.
Las declaraciones de Olmo han llevado a que el juez otorgara la condición de investigados al exdirectivo José Luis San Pedro y a Pablo Insunza, director del departamento de administración, y Juan Carlos Rebollo, director de riesgos y aseguramiento interno de la compañía.