Hace exactamente un año, en este mismo diario digital, analizaba en el artículo “Agárrense que vienen curvas” las medidas tributarias que el Gobierno de coalición preveía llevar a cabo a lo largo del ejercicio 2020 recién cerrado.

Pues bien, las curvas llegaron. Además, de una forma agravada por la expansión de la Covid-19 en nuestro país. No obstante, la crisis sanitaria no ha desviado la política fiscal del Gobierno, ya que tanto hace un año como en la actualidad la intención del Ejecutivo ha sido acrecentar la estructura de la Administración Pública mediante un portentoso incremento del gasto público y llevar a cabo una subida de impuestos a las rentas más altas que, sin embargo, suponía igualmente un aumento de la presión fiscal sobre la clase media.

A las puertas de una de las mayores crisis económicas de la historia reciente a la que España se enfrenta, no parece razonable apostar por un aumento sin precedentes del gasto público, el mantenimiento de 23 carteras ministeriales, un incremento de la presión fiscal sobre el tejido empresarial español y una profunda modificación de los derechos sociales y laborales, como es la propuesta de una subida del salario mínimo interprofesional de un 26,4% en menos de tres años.

Cabe tener en cuenta que el efecto inmediato de esta última medida será la de un aumento de la tasa de desempleo, que supondrá una disminución de ingresos del erario público en cotizaciones e impuestos y, a fin de cuentas, una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos.

A los efectos de lograr sostener este incremento del gasto público, los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 incluyen una fuerte subida de impuestos no solo, como se ha intentado vender, a las rentas más altas (>130.000 euros), que representan menos del 1% de la población española, sino a toda la población que tenga la capacidad económica de adquirir una Coca-Cola (incremento del tipo del IVA del 10 al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas) o de contratar un seguro de coche (incremento del impuesto sobre las primas de seguros), o lo que es lo mismo: a una gran mayoría de los españoles.

 A nivel tributario, se sigue recomendando al contribuyente que permanezca sentado y con el cinturón de seguridad abrochado

El principal inconveniente de esta política fiscal reside en que es insostenible a medio plazo. Es probable que, en los ejercicios inmediatamente posteriores a esta reforma tributaria, el Estado logre incrementar la recaudación.

No obstante, la gobernanza a costa de Reales Decretos-Ley (hecho que puede llegar a generar cierta desconfianza, inseguridad jurídica e inestabilidad democrática) y el aumento de la presión fiscal sobre los empresarios, autónomos y trabajadores provocarán, a medio plazo y de manera prácticamente inevitable, una fuga de inversiones y de talento de nuestro país en busca de mejores oportunidades en otras jurisdicciones en las que las reglas de juego no resulten tan cambiantes y en las que no se castigue con una mayor presión fiscal a aquellos que procuran, entre otras cosas, generar riqueza y empleo en favor de la comunidad.

Por último, cabe hacer mención a la intención del Ejecutivo de homogeneizar el Impuesto sobre el Patrimonio a los efectos de evitar que las Comunidades Autónomas puedan bonificar al 100% la cuota resultante de este tributo, como sucede en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta que de entre los socios preferentes del actual Gobierno se encuentran partidos nacionalistas vascos y catalanes, resulta interesante pensar cómo se pretende llevar a cabo esta medida, suponiendo la misma una centralización de competencias en favor del Estado y un perjuicio, a nivel competencial, para las propias Comunidades Autónomas.

En conclusión, 2021 se presenta a nivel sanitario con la gran esperanza del plan de vacunación contra el Covid-19; sin embargo, a nivel tributario, se sigue recomendando al contribuyente que permanezca sentado y con el cinturón de seguridad abrochado, puesto que las curvas anunciadas ya el año pasado no han hecho más que comenzar.


*** Pelayo Ballesteros Panizo es abogado, especialista en Derecho Fiscal de Bufete Mas y Calvet.