José Antonio del Olmo, exresponsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, ha sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Este órgano judicial ha admitido a trámite una denuncia de la compañía por un presunto delito de descubrimiento y relevación de secretos por haberse apropiado de documentos de la empresa.

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Es el segundo proceso penal que se inicia contra Olmo, que deberá comparecer mañana miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem-Villarejo.

El antiguo controller de Iberdrola, que se convirtió en testigo de cargo contra la empresa asegurando que la eléctrica había contratado de forma irregular al excomisario Villarejo, ha sido imputado por García-Castellón por un presunto delito de cohecho porque fue él el que dio el visto bueno al pago al expolicía de las facturas cuya irregularidad afirma.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número de 9 tienen una relación colateral con el caso Tándem. La denuncia admitida a trámite explica que el pasado septiembre el digital El Confidencial publicó una noticia titulada Galán pagó 20.000 euros por reunión a los presidentes de las cajas amigas de Iberdrola en la que reprodujo tres facturas datadas en 2004 "extraídas de la documentación contable de Iberdrola".

En las facturas publicadas aparecía el sello de la Dirección de Control, que estaba bajo la responsabilidad de Olmo. Las facturas correspondían a las retribuciones de tres miembros del Consejo Consultivo de Iberdrola en Castilla y León, órgano ya extinguido. 

La misma información hacía constar que otras facturas relativas a una entidad consultiva similar de Iberdrola en Andalucía fueron depositadas por Olmo en una notaría madrileña en diciembre de 2004, "facturas, en consecuencia, sustraídas por aquél de los archivos de la compañía", afirma la denuncia.

"En el caso que nos ocupa", añade en referencia a las retribuciones de los asesores de Iberdrola en el Consejo Consultivo de Castilla y León, "a la apropiación [de los documentos] ha de sumarse la divulgación de lo ilícitamente sustraído".

Iberdrola subraya que "no ha mediado ninguna rectificación de la noticia publicada por parte de Olmo" y asegura que "todos los indicios apuntan, en consecuencia, a la participación de éste en los comportamientos delictivos denunciados".

Un depósito incriminatorio

En las declaraciones que ha prestado en la Audiencia Nacional, conocidas por EL ESPAÑOL, Olmo reconoció que en diciembre de 2004 depositó en una notaría de Madrid facturas del Consejo Consultivo de Iberdrola en Andalucía. En esas fechas el exdirectivo aún trabajaba para la compañía.

Olmo explicó que Iberdrola "tenía tres consejos consultivos: uno en Andalucía, que fue el primero que se creó; otro en Valencia, en el Levante, y después en Castilla y León. Estos señores se reunían una vez, si no me equivoco, al trimestre, se estaban unas cuantas horas y les pagaban 20.000 euros a cada uno". Éste fue el titular de la noticia que ha servido de base a la denuncia.

Preguntado por el fiscal por qué depositó esas facturas en el notario, Olmo dijo que "el consejo consultivo de Andalucía se creó en esa fecha y lo formaban no sé si cinco o seis personas, con lo cual se le pagó por asistencia a ese consejo consultivo, si no me equivoco, 20.000 euros a cada uno, menos a un señor, Braulio Medel, que se le pagaron 40.000. Entonces el tema curioso fue que Braulio Medel le pidió a Iberdrola que le diese un cheque en blanco sin el nombre del titular. El BBV se negó. El BBV dijo que eso no se puede hacer, que los cheques o los ponen al portador o se pone algo, pero hay que poner algo. “No, en blanco”. Entonces simplemente lo que quería comentar de la nota que escribió la persona del BBVA, en la cual dice: 'Dejamos constancia en que la emisión de este cheque, BBVA declina toda responsabilidad e incidencia que Iberdrola pueda tener con el beneficiario y su entidad financiera'”.

Según Olmo, finalmente, el director de relaciones institucionales de Iberdrola de la época visó la preparación del talón en blanco.

Para la energética, el hecho de que Olmo haya admitido haberse llevado las facturas del Consejo Consultivo andaluz es un poderoso indicio de que pudo hacer lo mismo con el de Castilla y León y con otros documentos pertenecientes a la empresa.

La denuncia menciona la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el sentido de que los datos económicos pertenecen al ámbito de la privacidad, que también se garantiza a las personas físicas vinculadas a las jurídicas.