Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras); Concha Santos, presidenta de ANCI y Alberto Alonso, director financiero y de Estrategia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid han señalado los principales obstáculos regulatorios que impiden que el sistema concesional vuelva a tener relevancia en el país.

Los expertos han participado en la mesa redonda sobre la colaboración público-privada y el sistema concesional durante la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Para empezar, Alberto Alonso ha destacado que este modelo "presenta múltiples ventajas, especialmente en contextos donde la administración o la empresa pública no tiene recursos financieros suficientes".

Según ha explicado, el régimen concesional permite diferir pagos y trasladar al concesionario ciertos riesgos asociados con la operación, el mantenimiento o la obsolescencia tecnológica.

No obstante, ha advertido que "a priori es algo más caro", si bien ha matizado que al considerar el value for money o el valor global generado por la colaboración público-privada, el diferencial de coste se reduciría.

Por su parte, Núñez ha recordado que "la actividad concesional en España es inexistente desde 2015", momento en que se aprobó la Ley de Desindexación y su decreto de desarrollo.

Según datos del Oirescon, en 2024 las concesiones apenas representaron el 4% de la contratación pública nacional, muy por debajo del 12% de la media europea. "El modelo concesional tiene dos problemas: uno de regulación pura y otro de práctica del propio modelo de negocio", ha afirmado.

Y ha añadido que resulta esencial "transferir aquellos riesgos a quien mejor los puede gestionar" y reforzar los estudios de viabilidad y colaboración previos al lanzamiento de grandes proyectos.

La presidenta de ANCI, Concha Santos, ha coincidido en la necesidad de revisar la normativa vigente: "El marco normativo no nos hace competitivos a la hora de financiar proyectos de ejecución de obra pública".

Y ha recordado que las empresas españolas son líderes en concesiones fuera del país, pero "no son competitivas en España" por las limitaciones impuestas por la Ley de Desindexación y la complejidad burocrática.

"Estamos mandando un mensaje muy negativo al capital privado", ha lamentado, subrayando que un inversor busca certidumbre y estabilidad, algo que, a su juicio, el actual marco regulatorio no garantiza.

Sobre las reformas, Núñez ha adelantado que Seopan ha remitido al Gobierno un informe que propone la creación de un nuevo libro dentro de la Ley de Contratos del Sector Público para ordenar y modernizar el ámbito de las concesiones.

"Como principal cambio normativo, es preciso deshacer la desindexación en lo relativo a las concesiones", ha explicado. Por su parte, Santos ha destacado que habría que "reforzar la capacidad de la Administración con equipos especializados en concesiones", un conocimiento que considera debilitado tras años sin nuevos proyectos en España.

Alonso fue más contundente al plantear la necesidad de eliminar la normativa actual: "Mantener esas legislaciones es no creer en la economía de mercado".

En esta línea, ha remarcado que "si en España una concesión ofrece un 5,5% de rentabilidad frente al 10 o 12% que puede lograrse en otros países, las empresas invertirán fuera". En su opinión, derogar la Ley de Desindexación sería "una buena idea en un país con deuda pública por encima del 100% del PIB", porque permitiría acometer inversiones largamente postergadas.

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En su reflexión final, Núñez sintetizó el sentir compartido de los ponentes: "El sistema concesional en España es inexistente desde 2015 y estamos renunciando a un modelo alternativo muy eficaz".

Santos ha añadido que los gobiernos "no deberían perder la oportunidad de tener una herramienta tan potente como es el sistema concesional", mientras que Alonso ha cerrado con ironía al recordar que "no se pueden destinar los bajos montantes presupuestarios que estamos destinando al mantenimiento de infraestructuras en España".