La inteligencia artificial puede ayudar a anticipar una sequía, detectar una plaga antes de que comprometa una cosecha o identificar qué hogares y territorios están cerca de ver deteriorado su acceso a una alimentación adecuada.

Pero el reto no consiste solamente en producir más o mejor, sino también en evitar que los alimentos aptos para el consumo terminen en la basura y en lograr que los recursos disponibles lleguen a quienes los necesitan.

Ese fue el punto de partida de la conversación sobre sistemas predictivos para la seguridad alimentaria y agricultura social celebrada este martes en el V Observatorio ODS, DiagnósticODS: estrategia y emergencia en la era de la IA.

Luis González, director de Acción Social e Ingeniería Técnica de Acción contra el Hambre, y José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), analizaron el papel de los datos, la prevención y el aprovechamiento de excedentes para avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente, sostenible y justo.

La sesión, moderada por la redactora de Enclave Mariana Goya, formaba parte de la primera jornada de la quinta edición del Observatorio ODS, celebrada los días 22 y 23 de septiembre en CaixaForum Madrid. La conversación conectó dos desafíos que a menudo se abordan por separado: reducir el desperdicio de alimentos y prevenir la inseguridad alimentaria.

Goya abrió el debate con una cifra que ilustra la dimensión del problema. Según el último informe del MAPA citado durante la mesa, en 2025 se desperdiciaron en España más de 1.129 millones de kilos o litros de alimentos. Aunque el dato supone una reducción del 19,2% respecto a 2020, los hogares siguen concentrando el 97,5% del desperdicio medido.

Herrero enmarcó la respuesta del Ministerio en la Estrategia Nacional de Alimentación, cuyo objetivo es que España se convierta a largo plazo en “referente mundial de sistema alimentario sostenible, competitivo”, capaz de dinamizar las zonas rurales y costeras, producir alimentos en cantidad y calidad suficientes y poner en valor los productos nacionales.

El desperdicio, señaló, es un problema que la ONU viene alertando desde hace años. La primera tarea, explicó, ha sido medir en qué punto de la cadena se produce. “En España primero hemos medido dónde se está produciendo el desperdicio, que os adelanto que es principalmente en el hogar”, afirmó.

El segundo paso ha sido la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que entró en vigor el pasado abril y establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria. A ello se suma el trabajo de concienciación dirigido a los consumidores.

“Acabamos de lanzar una campaña que llama la atención de los consumidores y les anima a encontrar trucos para evitar el desperdicio”, explicó Herrero, quien citó medidas como diferenciar entre fecha de caducidad y consumo preferente, planificar mejor las compras y aprovechar la comida ya cocinada.

La batalla, según expuso, se libra en gran medida en las neveras domésticas. “El alimento más caro es el que acaba en la basura”, resumió. Una parte importante de los productos que se tiran ni siquiera ha llegado a cocinarse: se compra y acaba directamente desechada. Herrero defendió que la ley puede contribuir a reducir la comida que acaba en los cubos y a incrementar las donaciones de excedentes.

El responsable del MAPA llamó también la atención sobre una paradoja: los menores de 35 años son quienes más desperdician y lo hacen especialmente fuera de casa, pese a ser, al mismo tiempo, uno de los grupos más sensibilizados con el medio ambiente. “Tenemos que concienciar más a los jóvenes”, sostuvo.

La segunda parte del debate trasladó la mirada desde los alimentos que sobran hasta las personas que tienen dificultades para acceder a una dieta suficiente y saludable. González reivindicó una definición más amplia de seguridad alimentaria, inspirada en la FAO: la garantía de que todas las personas puedan acceder a una alimentación saludable de forma estable.

Ese concepto, explicó, reúne cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de la dieta. “Este ángulo está bastante invisibilizado en casi todos los países de renta alta”, lamentó. En España, destacó, la Encuesta de Condiciones de Vida ha incorporado por primera vez la escala FIES, de experiencia de inseguridad alimentaria, lo que permitirá medir con mayor precisión cómo se vive este fenómeno en el país.

“La seguridad alimentaria es el nexo entre la política alimentaria, que habla más de disponibilidad de alimentos, y la política social, que habla de su acceso acorde al derecho a una alimentación saludable”, afirmó González. Acción contra el Hambre ha desarrollado modelos predictivos en zonas como el Sahel y el corredor seco de Centroamérica, donde emplea teledetección para analizar riesgos ligados a la biomasa disponible para el pastoreo y anticipar posibles crisis.

La organización aplica desde hace unos años una metodología semejante en España. González explicó que el trabajo parte de una clasificación de las provincias según sus características socioeconómicas y niveles de vulnerabilidad social, desarrollada junto a Foessa. Después, los datos de la escala FIES se proyectan territorialmente para detectar dónde y sobre qué perfiles puede crecer el riesgo de inseguridad alimentaria.

El objetivo es que variables como una subida del IPC, de la energía o de la vivienda permitan activar medidas de protección social antes de que la situación se agrave. “La alimentación se convierte en la variable dinámica de adaptación de las familias”, alertó. Es decir, cuando se encarecen otros gastos esenciales, el presupuesto destinado a comer puede ser el primero en ajustarse.

González puso como ejemplo a las personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y soledad no deseada, un grupo en el que el riesgo de inseguridad alimentaria puede acercarse al 30%. También señaló la ausencia de protocolos suficientemente conectados entre los servicios sanitarios y sociales para identificar y abordar esos casos.

En el cierre, Herrero pidió mejorar la planificación doméstica y revisar “los tuppers que tenemos al fondo”. “Cuando tiráis un producto, tiráis el trabajo de los agricultores, de los profesionales de la industria alimentaria y también vuestro dinero”, afirmó.

González añadió que la desigualdad también condiciona los hábitos alimentarios. No todas las personas disponen del mismo tiempo para cocinar, dinero para desplazarse o acceso cercano a alimentos frescos. “En Madrid hay barrios donde apenas encuentras tiendas de producto fresco”, apuntó, una dificultad que puede ser decisiva para una madre monoparental o una persona con recursos limitados.

La seguridad alimentaria, concluyó, es el resultado de cuatro políticas: alimentaria, social, económica y sanitaria. Porque una población que se alimenta mal no sólo afronta un problema de acceso o nutrición: también genera una factura en salud pública que, finalmente, "paga toda la sociedad".