De izquierda a derecha: Ignacio Serrano, Eduardo Ortega, Begoña Villacís y Antonio Palomar.
Las empresas reclaman equilibrio regulatorio en Europa para proteger la inversión verde
Expertos piden en el V Observatorio ODS simplificar la directiva CSRD para garantizar la competitividad empresarial y evitar la fragmentación en Europa.
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La sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación equiparable a la información financiera tradicional. Tanto que la Unión Europea (UE) ya cuenta con directivas que garantizan que ninguna empresa la deja de lado.
Por eso existe la CSRD (siglas en inglés de Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa), normativa que obliga a miles de empresas a reportar de forma exhaustiva, estandarizada y verificable su impacto ambiental, social y de gobernanza (criterios ESG).
Precisamente, su importancia ha sido el hilo conductor de la primera mesa redonda de la primera jornada del V Observatorio ODS: DiagnósticODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia.
La conversación, moderada por Eduardo Ortega, redactor de este medio, ha contado con Begoña Villacís, directora ejecutiva Spain DC; Alberto Palomar Olmeda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y experto en Derecho Administrativo y Regulación Pública y con Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam.
La primera cuestión ha abordado el impacto inicial que ha tenido esta última normativa europea. Villacís ha calificado de "música para sus oídos" la regulación comunitaria, aunque ha mostrado su profunda preocupación por la transposición del Gobierno español.
Según la directiva europea, los centros de datos deberán aportar transparencia sobre la energía consumida, una exigencia que el Ejecutivo central ha convertido en traba directa, ha defendido.
La ex vicealcaldesa ha alertado de que la rigidez de la norma española situará al país a la cabeza de "los peores lugares donde invertir". En su opinión, el texto ignora que los centros de datos representan apenas el 0,8% del consumo energético nacional, amenazando grandes inversiones ya comprometidas.
Por otro lado, la directiva comunitaria busca reordenar la competitividad mediante etiquetas de eficiencia sin penalizaciones desmedidas. Sin embargo, Villacís ha recalcado que el enfoque punitivo del borrador nacional ahuyentará el capital tecnológico hacia otros países europeos con marcos mucho más receptivos y con mayor estabilidad jurídica.
Por su parte, Palomar ha puesto el foco en la excesiva complejidad que la tramitación legal impone sobre las compañías privadas. Ha advertido sobre el tránsito hacia lo obligatorio en cuestiones como la diligencia debida, haciendo responsable al empresario del cumplimiento ético en toda la cadena.
El magistrado también ha reclamado aplicar la lógica en las normativas para evitar una duplicidad de acreditaciones que ahogue al sector. Asimismo, ha cuestionado los vacíos legales en ciberseguridad, proponiendo permitir una defensa más activa por parte de las firmas privadas frente al robo de datos masivos.
Gobernanza corporativa, regulación y finanzas sostenibles: nuevo tablero de la responsabilidad ESG
Sierra, de Tendam, ha recalcado la imperiosa necesidad de equilibrar la exigencia medioambiental con la competitividad del tejido empresarial. El directivo ha recordado la reciente reducción del 60% en los estándares de reporte de sostenibilidad, un paso hacia la sensatez que evita una fragmentación destructiva.
Además, el representante de Tendam ha detallado los beneficios directos que reporta la sostenibilidad bien gestionada. Ha explicado cómo el cumplimiento estricto de sus metas medioambientales ha permitido a su grupo reducir de forma notable los tipos de interés acordados en sus operaciones financieras de crédito bancario.
Igualmente, ha señalado que el estricto cumplimiento de los criterios ESG supone un elemento diferenciativo ante los mercados internacionales. Esta acreditación reduce sensiblemente el perfil de riesgo global de las empresas y permite financiar a los proveedores en origen para garantizar procesos respetuosos con el entorno.
Para concluir, la mesa redonda ha hecho un llamamiento unánime a la sensatez para frenar la constante sobrerregulación. Los ponentes coinciden en la prioridad de recuperar la soberanía industrial europea antes de imponer exigencias que asfixien definitivamente el crecimiento y ahuyenten la inversión económica en nuestro país.
