La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una gran operación en todas las comunidades autónomas --salvo País Vasco y Navarra-- contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología, en la que ha llevado a cabo inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas.

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La operación, denominada 'Nassus', supone la investigación fundamentalmente de médicos especialistas, pero también personas de su entorno personal y familiar, mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia Tributaria a lo largo de esta jornada en 92 clínicas de este sector.

Según Hacienda, la operación iniciada hoy, y que continuará a lo largo de los próximos meses, surge de un "análisis pormenorizado" de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años en distintos puntos del territorio nacional a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología, que se sumó a la obtención de nueva información sectorial con relevancia tributaria.

Sin pago con tarjeta

La Agencia Tributaria indica, además, el "fuerte" crecimiento registrado por el sector en los últimos años, que ha llevado a España a ocupar el duodécimo puesto en el ranking mundial de intervenciones de estética, el cuarto de Europa, con cerca de 400.000 intervenciones al año.

El análisis realizado por los investigadores de la Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de un importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados, ocultación que se veía favorecida por el uso de efectivo como principal medio de pago.

En algunos casos, incluso, y a pesar de las elevadas sumas que llegan a abonarse para sufragar las operaciones de cirugía estética, los profesionales ni siquiera admitían el pago con tarjeta bancaria, algo que los investigadores de la Agencia Tributaria temen que se reproduzca en varios de los locales ahora inspeccionados.

Por todo ello, Hacienda ha lanzado esta actuación coordinada a nivel nacional, al objeto de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente en las clínicas y consultas médicas, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.

Para la selección de las sociedades y personas físicas objeto de los registros e inspecciones, la Agencia tuvo en consideración una serie de ratios económicas, dado que algunas de las sociedades llegaban a declarar pérdidas en los últimos años, mientras sus socios y administradores (los médicos) mostraban claros signos externos de poder adquisitivo no acordes con esa situación económica de la sociedad.

Al mismo tiempo, para un uso tan extendido del efectivo como medio de cobro, que lógicamente dificulta la trazabilidad de las operaciones, los profesionales contaban con la ventaja de una característica común a la mayoría de sus clientes: son particulares sin derecho a la deducción de gasto alguno por los tratamientos recibidos.

Por la información de la que dispone la Agencia Tributaria, algunos de los profesionales ahora inspeccionados no hacían ningún cobro con tarjeta: todo era en efectivo o, en menor medida, por transferencia. En otros casos, en cambio, el porcentaje de cobro con tarjeta era especialmente elevado, lo que podría poner de manifiesto la ocultación de parte de los ingresos en efectivo.

De cualquier forma, y con independencia de la distinta proporción de los medios de cobro empleados en cada local, el uso del efectivo entre los inspeccionados está claramente extendido, indica la Agencia Tributaria, que añade que muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas afectadas por la operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.

Fraude en IVA y Sociedades

Durante las comprobaciones que ahora comienzan, se regularizarán las cuotas tributarias que correspondan, tanto en IVA como en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, analizando la posible interposición de sociedades en el proceso de facturación de las operaciones, así como las consecuencias fiscales derivadas de ostentar, en su caso artificialmente, la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

Además de dichas regularizaciones, la Agencia Tributaria pretende con estas actuaciones dos objetivos más. Por un lado, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento del sector, disponiendo de información sobre las ratios económicas reales o la estructura de costes, los medios de cobro, y por otro, transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que no solo tienen impacto en las arcas públicas, sino que también distorsionan gravemente la competencia en el propio sector.