Rebajar la "conflictividad" judicial. Esa ha sido la petición que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha trasladado al sector eléctrico este lunes en medio de la tormenta que ha generado desde su cartera al plantear nuevas reformas legislativas. Según el ministro, las empresas deberían dejar de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno para así evitar la inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. 

"Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria", ha dicho en su intervención en el VI Simposio Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) 2018 que se celebra hoy en Barcelona. 

Sus palabras llegan una semana después de que presentara ante el Congreso un paquete de medidas para alcanzar un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, que se traducirán en un recorte millonario para las energéticas, y se suma a otras iniciativas que se han impulsado desde la cartera que dirige en los últimos meses y que han tensado la relación con el sector privado.

El ministro ha acusado a las empresas por su alto nivel de litigiosidad: "Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro".

"Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae", ha agregado Nadal, que considera que esto eleva la inseguridad jurídica ya que el Gobierno no sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema.

"Estamos en un toma y daca que no tiene sentido", ha subrayado en su intervención ante varios de los directivos de las grandes empresas del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enegás y Funseam, Antonio Llardén.

Desde el sector energético se ha mostrado la disconformidad con la intención del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las grandes eléctricas por distribuir la luz y el gas en el país.

"NO SE PUEDE DEJAR A UN MONOPOLISTA FIJAR PRECIOS"

"No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios", ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y es la razón de que los precios deban regularse. 

En este sentido, el ministro ha sostenido que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: "Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja".

Además del recorte en la retribución del sector del gas, el ministro también busca el respaldo del Congreso para realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones.

Nadal también se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%.

"Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobrerretribución", y ha indicado que esta sobrerretribución también se da en el gas.

Para Nadal, se trata de restaurar el equilibrio del sistema: "Nunca ha sido intención del Gobierno alterarlo, sino mantenerlo. Antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda encontrar una razón de peso para corregir antes de que haya un desequilibrio en el sistema".