El Ayuntamiento de Valladolid sigue avanzando decidido en la remunicipalización del servicio del agua y uno de los frentes más importantes que tiene abierto es el del insertar a los trabajadores de Aguas de Valladolid en la nueva empresa municipal. Algo sobre lo que espera alcanzar un acuerdo la próxima semana para elaborar un borrador que elevar al Consejo de Administración y tomar una decisión.

Así lo ha anunciado María Sánchez, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quien ha asegurado que los trabajadores pasarán en las mismas condiciones que tienen actualmente con Agualid, unos como indefinidos no fijos y otros temporales.

Sánchez ha incidido en que este acuerdo de subrogación está “encorsetado” por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, al mismo tiempo que ha asegurado que una vez sea aprobado por el Consejo se pasará a la negociación del convenio colectivo a finales de año.

Asimismo, la edil de Toma la Palabra ha informado de que se ha aprobado la licitación de dos contratos. Por un lado, el de los reactivos para el tratamiento del agua potable y, por otro, el de los reactivos y gestión de lodos.

El primero de ellos se ha dividido en cuatro lotes, que suman unos 400.000 euros, para que “puedan concurrir más empresas” con posibilidad de acceso de pymes, así como para repartir el trabajo entre más compañías.

En cuanto a los reactivos y gestión de lodos, se ha aprobado la licitación de un único lote de más de 200.000 euros, debido a las imposibilidades técnicas de dividirlo. Como ha reflejado la concejal, en Valladolid se re tratan unas 30.000 toneladas de lodos al año.

Por otro lado, la edil de Medio Ambiente ha criticado la actitud de Aguas de Valladolid de “poner palos en la rueda” con los recursos presentados contra los pliegos de contratación del suministro eléctrico o del presupuesto de la nueva empresa municipal. “Recurren hasta cuando tosemos”, ha ironizado.

En este sentido, ha asegurado que “seguimos trabajando” en función de la autonomía municipal para sacar adelante una decisión que ha recordado es “legítima”, ya que se aprobó por mayoría absoluta en un pleno extraordinario del mes de diciembre de 2016.