La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamamiento a los 3.200 empleados públicos a participar en la concentración que celebrará el próximo miércoles 31 de enero ante la Subdelegación de Valladolid, "en un momento crucial para exigir la recuperación salarial y del poder adquisitivo perdido durante la crisis"; y para reclamar la equiparación retributiva de la Administración General del Estado (AGE), incorporándose así al proceso iniciado ya por la Policía Nacional y Guardia Civil.

A nivel nacional, un estudio elaborado por CSIF evidencia que los trabajadores de la Administración Central, teniendo la misma categoría y realizando el mismo trabajo y funciones, cobran un 25% menos de media que los que dependen de las autonomías. "Una discriminación que no tiene ninguna razón objetiva que la justifique, y cuya homologación deberá llevarse a cabo cuanto antes", asegura la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Según CSIF, esa diferencia salarial entre empleados del Estado y de algunas autonomías, puede ir de los 1.000 euros anuales en el caso personal laboral de mantenimiento y servicios, hasta unos 21.600 en funcionarios titulados de la categoría A1, si se compara con el País Vasco.

En Castilla y León, una comparación más detallada refleja que las diferencias retributivas entre los empleados de AGE y de la Junta, a favor de éstos, oscilan en el caso de los laborales, entre los 68 euros anuales de un empleado del grupo IV y los 3.531 en el grupo A1 de nivel 28. Respecto a los funcionarios, esa diferencia va de los 244 euros anuales en un empleado del grupo C2 nivel 18, a los 2.416 euros en el nivel A1 nivel 28. CSIF exige a Hacienda "fondos adicionales" en el presupuesto para la equiparación salarial de los empleados de AGE y una tasa de reposición del 100% en este sector.

Aunque CSIF valora que el Ministerio de Hacienda haya retomado la propuesta realizada el pasado verano de una subida fija salarial para los empleados públicos del 5,25% en tres años (1,5 en 2018; 1,75 en 2019 y 2% en 2020), que podría elevarse hasta el 8% en el caso de que se cumplan los objetivos de crecimiento económico y reducción del déficit, la considera "insuficiente".

CSIF recuerda que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 20%, como consecuencia de los recortes y medidas adoptadas durante los años de la crisis económica.