El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León ha impugnado el Decreto de la Junta de Castilla y León que regula los requisitos que deben reunir las residencias de ancianos de la Comunidad porque "reduce" el número de profesionales sanitarios con que deben contar esas residencias y "empeora" la atención que deben recibir los residentes.

SATSE, que ha presentado demanda contra el Decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León -aprobado el pasado mes de julio-, considera que esta nueva normativa "perjudicará notablemente" la asistencia para los residentes de estos centros.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press el sindicato señala que uno de los motivos para esta impugnación es que en el Decreto se habla de un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior.

"Este Decreto elimina la diferenciación entre dependientes y válidos, cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros: los primeros necesitan muchos más cuidados que los segundos, que generalmente ingresan en estas residencias por circunstancias sociales", ha señalado el sindicato.

Asimismo, según Satse, se reduce "llamativamente" el número de enfermeras y médicos con que deben contar estas residencias, de modo que tendrán una enfermera por cada cien residentes, en horario de media jornada y exclusivamente de lunes a viernes.

"Satse alerta de que el planteamiento de la Junta de convertir las residencias en algo parecido al hogar de estos residentes, que parece ser la justificación de las medidas, no es viable en residentes con Alzheimer y demencias, además de otros que no cuentan con una autonomía suficiente", ha concluido el sindicato.